El Consejo Superior aprobó por unanimidad la reparación de legajos de miembros de la Universidad Nacional de Río Cuarto que fueron víctimas del terrorismo de Estado. Alcanza al nodocente José Alfredo Duarte y los estudiantes Berta Clara Perassi, Alberto Pinto, José Santiago Amato. En el caso del trabajador Peco Duarte el proyecto de reparación de legajo es impulsado por el Observatorio de Derechos Humanos y el gremio nodocente ATURC; mientras que el de los exalumnos de la UNRC es una iniciativa conjunta del Observatorio y la Federación Universitaria de Río Cuarto.

Tras que el tema ingresara al cuerpo colegiado el pasado 19 de marzo, fue analizado por la Comisión de Interpretación y Reglamento y volvió al plenario con un despacho que cosechó el voto favorable de todos los consejeros. Se aprobaron los proyectos que apuntan a “dejar constancia de las causas de interrupción de la prestación de trabajo o cursado de carreras, en los legados de los estudiantes Alberto Pinto, Berta Clara Perassi y José Santiago Amato, y del trabajador nodocente José Alfredo Duarte” , según lo expresado desde la comisión mencionada.

Rosa Cattana, coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos, conjuntamente con la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto (ATURC) presentó el proyecto de reparación de legajo de quien fuera un trabajador nodocente de esta Universidad, luego detenido y desaparecido durante el terrorismo de Estado perpetrado durante la última dictadura cívico militar. Se afirma que en el caso del trabajador nodocente José Alfredo Duarte, “el real motivo que consideró la interrupción de su desempeño laboral fue ser víctima de terrorismo de Estado”, y que “se encuentra en situación de detenido desaparecido”.

Por otro lado, Cattana con Martina Presti, en representación de la FURC, elevan en forma conjunta los proyectos para la reparación de legados de Berta Clara Perassi, Alberto Pinto y José Santiago Amato, quienes fueron estudiantes de esta Universidad y luego víctimas del terrorismo de Estado. Se deja constancia de que el estudiante Alberto Pinto fue víctima de terrorismo de estado y que el verdadero motivo que terminó la interrupción de sus estudios es que fue detenido por motivos políticos y luego asesinado como víctima de la violencia estatal; que la estudiante Berta Clara Perassi fue víctima de terrorismo de estado y que el real motivo que estableció la interrupción de sus estudios es que se encuentra en situación de detenida desaparecida, y que el estudiante José Santiago Amato fue víctima de terrorismo de estado, y que el real motivo que determinó la interrupción de sus estudios fue haber sido asesinado, víctima de la violencia estatal.

“Resulta un deber ético del Estado y de sus instituciones democráticas, consignar en los legados de sus trabajadores y estudiantes la verdad histórica respecto de la auténtica causal de cese de la relación laboral o de los estudios. En ese contexto, aparece adecuado y necesario realizar una enmienda material de los documentos como públicos, además de una reparación simbólica para los familiares y amigos de las víctimas. Esa acción implica el cumplimiento de un deber ético y político con la memoria, la verdad y la justicia, de fundamental importancia en una institución académica como lo es la Universidad Nacional de Río Cuarto”, se indica en el despacho de comisión aprobado.