El tema ingresó al Consejo Superior, que decidió encomendar a las comisiones de Investigación y Extensión, y Enseñanza definir las bases de una convocatoria de propuestas para resolver el uso de ese dinero proveniente de los fondos de los Yacimientos Mineros Agua de Dionisio. Son recursos originados en la explotación minera de Catamarca.

Tras que la UNRC decidiera, después de 15 años, incorporar los fondos mineros a su presupuesto, provenientes de la explotación La Alumbrera, en Catamarca, los vecinos de Andalagalá hicieron llegar su preocupación sobre dicha decisión. La queja ingresó al Consejo Superior, ámbito en el que se decidió encomendar a las comisiones de Investigación y Extensión, y Enseñanza que definan las bases de una convocatoria de propuestas para resolver el uso de ese dinero. Por otro lado, pedirán un dictamen a Asuntos Jurídicos para averiguar sobre posibles riesgos legales advertidos ahora por quienes presentaron la nota y hace unos días por Adolfo Pérez Esquivel, Doctor Honoris Causa de la UNRC. También, se robustecerán las argumentaciones por las que se tomó la medida de incorporar esos fondos, aclarando que no se deja de lado la historia de esta Universidad en torno de la defensa de los recursos naturales y la preservación de la vida.

Los catamarqueños advirtieron que “las resoluciones que las universidades lleven adelante, deben moverse dentro de los marcos jurídicos que nuestra nación garantiza para la vida de los pueblos, por lo cual, la aceptación de este tipo de fondos provenientes de estas actividades totalmente insustentables y que atentan contra la existencia misma de nuestra tierra, puede ocasionar que las Universidades queden involucradas ante las innumerables denuncias de violaciones a los derechos humanos”.

El documento, dirigido ala rectora de la UNRC, Marisa Rovera, dice: “Las ciudadanas y los ciudadanos de Andalgalá provincia de Catamarca, integrantes de la Asamblea el Algarrobo y vecinas y vecinos en general, nos dirigimos a Ud. los fines de hacerles llegar nuestra más profunda preocupación y consecuente rechazo ante el dictado de la Resolución 304/2024 del Consejo Superior de la prestigiosa Unidad Académica que usted preside. Dicha Resolución, con fecha 4 de septiembre del corriente año resuelve la incorporación al presupuesto de la Universidad Nacional de Rio Cuarto, los fondos resultantes de la percepción de utilidades generadas por la empresa Yacimientos Mineros Agua de Dionisio — YMAD-”.

“Cabe recordar que la empresa YMAD , que ha sido cuestionada por la Auditoria General de la Nación por la vulneración de numerosas leyes ambientales, desde el año 2019 suscribe un acuerdo comercial para integrar un memorándum de entendimiento para integrar los yacimientos mineros Alumbrera y Agua Rica (proyecto que intenta hace años iniciar su explotación, ubicado a 17 km del centro de Andalgalá y que desde hace 20 años cuenta con la activa resistencia de la población andalgalense, la cual que fue reprimida y judicializada en varias oportunidades) creando así el emprendimiento MARA”. 

“Entendemos plenamente las dificultades presupuestarias por las que está atravesando la unidad académica que ustedes dirigen al igual que todo el sistema público universitario, lo cual incluso fue un motivo de movilización en nuestro pueblo al igual que en todo el país ya que entendemos que la Universidad Pública Gratuita y de Calidad configura la garantía de un futuro real e inclusivo para una sociedad realmente justa y democrática y que ese presupuesto debe ser garantizado por quien corresponde que es el Estado, en su función de garante de derechos básicos. En virtud de ello, y de la finalidad de bien común a las que suscribe en su estatuto más arriba expuesto, las resoluciones que las universidades lleven adelante, deben moverse dentro de los marcos jurídicos que nuestra nación garantiza para la vida de los pueblos, por lo cual, la aceptación de este tipo de fondos provenientes de estas actividades totalmente insustentables y que atentan contra la existencia misma de nuestra tierra, puede ocasionar que las Universidades queden involucradas ante las innumerables denuncias de violaciones a los derechos humanos que vivimos desde hace  décadas en nuestro pueblo y que venimos ejecutando. Entendiendo el rol que desempeña su prestigiosa casa de estudios y los fines a los que se dirige establecidos en su estatuto, cuenta con nuestro compromiso explícito como organización y ciudadanía en la lucha por un presupuesto público educativo acorde a la importantísima función que cumple la educación pública y superior en nuestro país, lo cual significa a su vez que nuestro pueblo rechazara a su vez que la educación pública en cualquiera de sus niveles estén financiados por actividades que ponen en riesgo sus existencia misma y que además alteran de manera llana y absoluta el principio de autonomía de la educación universitaria para contribuir a una verdadera sociedad justa y democrática”.