Por Florencia Guttlein. Comunicadora Social 

A dos meses de haber asumido la Presidencia de la Nación, las acciones y los proyectos impulsados por Javier Milei tienen un claro objetivo: el desguace de la Argentina. Arrasar con los derechos adquiridos. La media sanción de la Cámara de Diputados a la Ley Bases nos indica cuál es el camino al que nos dirigimos en los próximos meses: privatizaciones, desfinanciamiento, desregulación del Estado, hiperinflación. Todos los ingredientes para una receta que conocemos muy bien los argentinos y las argentinas. En materia de comunicación, la cosa no es muy diferente. Ahora también anunciaron la intervención de la Enacom.

La medida se conoció hace unos días y fue publicada en el Boletín Oficial: la intervención del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) por 180 días con la designación de Juan Martín Ozores. Las explicaciones: «en
consonancia con los lineamientos»; del DNU 70/23, dictado por la actual administración «para afianzar el proceso de desregulación iniciado en el sector». Junto a Ozores, el Poder Ejecutivo designó dos interventores adjuntos: Patricia Zulema Roldán y Alejandro Fabio Pereyra, quien fuera interventor del organismo de telecomunicaciones durante el Gobierno de Mauricio Macri. Uno de ellos, viene de la empresa Movistar.

Esta decisión impulsada por el gobierno nacional atenta contra el derecho a la comunicación y la libertad de expresión. ¿Por qué? porque al intervenir el ente, los tres representantes del Congreso, que envían al directorio del ENACOM, no esten. De esta manera, cancelan el debate público. En el Directorio del Enacom, el gobierno tiene mayoría: 4 representantes del Ejecutivo y 3 del Legislativo. Lo que el gobierno quiere lograr con esta decisiones es tomar decisiones de manera independiente, sin pasar por el debate. Y esas son decisiones que tienen que ver con la comunicación digital, con el derecho de acceso a la misma, con el precio del servicio y quien lo presta, etc.

La intervención del Ente les permitirá tomar decisiones de espaldas al pueblo y ceder facultades a empresas de comunicación privada, como por ejemplo el otorgamiento de la banda 5G, que actualmente está en manos de Arsat, también la intervención de los fondos que maneja la Enacom: uno para la comunicación comunitaria y otro para la distribución de internet en barrios populares y de difícil acceso.

De esta manera, el acceso a la comunicación y la conexión quedó en manos de Javier Milei o, mejor dicho, de tres interventores que decidirán en base a sus intereses económicos y políticos. El trasfondo de todo esto, son los negocios a costa de los derechos de los argentinos y argentinas en materia comunicacional, en una era donde la comunicación es la principal protagonista.