El Gobierno formalizó el veto total a la ley aprobada por el Congreso pese al multitudinario reclamo en las calles en defensa de la educación pública y la ciencia. «Esta administración no cederá ante el espectáculo mediático», indicó.

Después de la masiva marcha federal universitaria, el Gobierno oficializó el veto a la ley de Financiamiento Universitario bajo el argumento de querer «dañar al gobierno políticamente» y al equilibrio fiscal, mediante la ampliación de partidas presupuestarias no previstas. Previamente, en un comunicado, el Ejecutivo acusó a referentes políticos de la oposición que asistieron a la protesta de conformar «un nuevo frente de izquierda populista».

La medida quedó oficializado este jueves a primera hora en el Boletín Oficial.

Mediante el decreto 879/2024, el presidente Javier Milei avanzó horas después de las masivas movilizaciones a lo largo del país- que en Córdoba convocó alrededor de 100.000 personas-, con el rechazo a la normativa sancionada por el Congreso, que apuntaba a incrementar el presupuesto del sector universitario y los salarios de los trabajadores docentes y no docentes.

El decreto indica que «el proyecto de ley sancionado por el H. CONGRESO DE LA NACIÓN es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente, en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento», y que “dar cumplimiento a la medida sancionada por el H. CONGRESO DE LA NACIÓN dificultaría gravemente la sostenibilidad de las finanzas públicas de la REPÚBLICA ARGENTINA, ya que significaría la necesidad de obtener una fuente de financiamiento extraordinaria, imprevista, a efectos de afrontar su costo.”

Además, asegura que “que el proyecto de ley en análisis no pretende defender ni garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las Universidades Nacionales, sino que procura dañar al gobierno políticamente.”

En el comunicado del miércoles, la Oficina del Presidente informó en redes sociales que Milei iba a vetar «el irresponsable proyecto de aumento del gasto público de las Universidades Nacionales, aprobado por el Congreso, así como cualquier otro proyecto que no contemple una partida presupuestaria especifica y atente contra el equilibrio fiscal».

El comunicado añadió: «Es momento de que los legisladores entiendan que ya no pueden hacer populismo demagógico con los recursos de quienes pagan los impuestos, y comiencen a actuar con la responsabilidad que demanda este momento histórico. El lugar adecuado para discutir el financiamiento de las universidades es el debate del Presupuesto Nacional 2025».

«El Gobierno reafirma su compromiso con las Universidades Nacionales, al igual que con la defensa del esfuerzo que cada uno de los argentinos viene realizando desde diciembre para alcanzar el déficit cero, reducir la inflación y recuperar la prosperidad económica», indicó el texto de la Oficina del Presidente en X.

La Casa Rosada le atribuyó motivaciones políticas, al remarcar la participación de los dirigentes de la oposición.

«El Poder Ejecutivo celebra el sinceramiento de los dirigentes Cristina Kirchner, Sergio Massa, Martín Lousteau, Horacio Rodríguez Larreta y Elisa Carrió, quienes han decidido unirse públicamente con el objetivo de obstruir el plan económico del Presidente. Esta convergencia deja de manifiesto la consolidación de un nuevo frente de izquierda populista en defensa de los privilegios de la dirigencia política», precisó.

Por último, señaló: «Esta administración no cederá ante el espectáculo mediático, los proyectos de ley irresponsables, ni la manipulación de causas nobles con fines partidarios. El objetivo del Gobierno es claro: terminar con el modelo empobrecedor de los últimos 100 años y volver a hacer a la Argentina grande otra vez».

Universidades contra el vaciamiento
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que aglutina a las 61 universidades públicas del país, convocante de la marcha, emitió un comunicado tras la movilización en donde señalaron que, pese a haber pasado cinco meses desde la primera marcha, y luego de sucesivas reuniones con el Gobierno, la situación actual «es más crítica que a comienzos de año».

El ente universitario afirmó que en aquel momento, el objetivo de la movilización era «evitar la grave situación que vivimos hoy». Sin embargo, pese a la buena voluntad de los rectores y de los gremios, «la reconducción del presupuesto 2023 para el 2024 hizo que las partidas de gastos de funcionamiento quedaran completamente desactualizadas» y las paritarias «profundizaron la pérdida del poder adquisitivo del salario».

«Como si esto no fuera suficiente, soportamos una campaña injusta, planificada e intencional, que busca, sistemáticamente, desprestigiar lo que sucede en el ámbito científico y universitario para fundamentar la desjerarquización y el ahogo presupuestario», criticó el CIN. Cabe recordar que en los últimos días, desde el Ministerio de Capital Humano acusaron a las universidades de «inventar alumnos» para ampliar los cargos docentes.

«La situación hoy es más crítica que a comienzos de año, con un capítulo dramático en materia salarial. La pérdida de quienes trabajamos en las universidades públicas es de una gravedad inusitada; con un porcentaje enorme de docentes y no docentes percibiendo un salario por debajo de la línea de la pobreza, cuando no de la indigencia. Esto compromete uno de los núcleos de la universidad pública, pues pone en riesgo la continuidad de los cuadros académicos, de administración y de servicios esenciales para su funcionamiento», continuó el comunicado.

Asimismo, manifestaron que defender el salario de los trabajadores universitarios «en este angustiante contexto no es defender privilegios sino nuestros derechos», dado que se trata de reclamar por «condiciones mínimas para la vida digna de quienes tienen la responsabilidad de formar a futuras generaciones de profesionales, de garantizar el funcionamiento de la institución que lo hace posible».

Sobre el final, le hablaron al Presidente para que no vete la ley. «Tiene al alcance de su mano una ley razonable que resuelve los problemas, cuidando al Estado y a su economía. Las y los estudiantes de toda la argentina le pedimos, en un grito de auxilio para salvar al sistema: ¡promulgue la Ley de Financiamiento universitario!», cerraron.