En la ciudad de Córdoba, la jornada del viernes comenzó con un abandono de tareas que se inició a las 10 de la mañana y continuó sin retorno a los lugares de trabajo. En tanto, en el interior provincial, se llevó a cabo un paro de 24 horas sin marcación, lo que resultó en un cese total de actividades.
La movilización de los judiciales tuvo lugar a las 12 horas y marchó hacia el Centro Cívico, donde los trabajadores del sector exigieron respuestas concretas y urgentes al Poder Ejecutivo. Esta serie de medidas se enmarca en un conflicto abierto derivado de la falta de precisiones y plazos concretos para la ejecución del plan de recomposición salarial y reestructuración de planta que impulsa el gremio.
En la última reunión celebrada el pasado lunes 7 de abril entre la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ), representantes de la Administración del Poder Judicial y funcionarios del Ejecutivo provincial, se evidenció la voluntad oficial de avanzar con el financiamiento del plan de reestructuración. Sin embargo, el Gobierno propuso ejecutarlo en etapas y sin fijar plazos determinados, lo cual fue considerado insuficiente por el sindicato, que advirtió sobre el deterioro del poder adquisitivo del salario judicial.
La conducción gremial hizo hincapié en que el proyecto de reestructuración debe implementarse de manera simultánea para todas las categorías, tal como se había venido negociando anteriormente. Además, solicitaron que se exploren otras medidas complementarias, que incluyan la equiparación salarial, la devolución de aportes por APROSS, la actualización de los haberes jubilatorios y el aumento de bonificaciones.
Las tensiones no parecen disminuir mientras los judiciales continúan en su lucha por mejores condiciones laborales y salario. La comunidad espera respuestas del Ejecutivo para resolver un conflicto que afecta no solo a los trabajadores del sector, sino también a la justicia en la provincia.
