Por Gustavo Román. Director Propietario La Ribera
La realidad siempre supera el discurso ficticio y de campaña de cualquier gobierno en Argentina. Los habitantes de este país estamos acostumbrados a transitar por procesos de cambio en nuestro rumbo económico de una manera tal, que de a poco aprendimos de economía a la fuerza y por necesidad.
Aun para aquellos que hacen de la intolerancia y la estupidez una forma de vida, queda claro que cuando les tocan el bolsillo, esas convicciones las guardan en un rincón lejano y retoman la única senda que los conmueve, sus propios intereses económicos.
El arte del disimulo empieza a jugar un papel importante en muchos de los actores de la construcción de un modelo agrietado y violento. Es que la violencia actitudinal y discursiva pierde sentido cuando se ven avasallados en sus propios intereses financieros. Como ejemplo, solo basta con retrotraerse a la asamblea de productores que tuvo lugar hace un par de meses en la rural de Río Cuarto. El eje convocante era el impuesto inmobiliario rural que cobra la provincia.
La reivindicación del gobierno nacional cobró tal magnitud para muchos de los expositores, que llegaron a plantear un achicamiento del estado tan brutal, que reclamaron a gritos el cese de la política turística y cultural en la provincia. Hay que achicar el estado decían y reivindicaban las bonanzas de una economía de mercado sin miramientos.
Una economía de mercado que no contempla obras públicas, ni salud pública, ni educación superior financiada, ni jubilaciones dignas, ni financiamiento para la investigación ni la divulgación del conocimiento. Basta de estado gritaron algunos.
Está claro que esa mirada no tiene ni lógica ni sustento. Que cuando nos gobierna el mercado todos perdemos. Empresarios, industriales, productores, emprendedores, trabajadores y sectores vulnerables. No gana casi nadie con estos modelos neoliberales que nos han gobernado. Solo los especuladores financieros y el sistema que lo rodea, que es dominado por una minoría perversa.
Lo interesante de todo esto es como la propia evolución de un sistema que expulsa a todos, es apoyado por tantos ciudadanos. Los mismos que se consideran ajenos a los alcances de decisiones que solo se toman para quitar derechos y conquistas. Porque como está demostrado, todos están siendo perjudicados por medidas siniestras que tienen como único objetivo la destrucción de un modelo de estado y de país que nos cobija a todos.
El gobierno nacional está empeñado en expulsar a la mayoría de un universo que existe porque es absolutamente necesario. Y lo hace desde un lugar de violencia institucional pocas veces visto en nuestra historia institucional. El gobierno lo integra una murga de desquiciados que no superan un tratamiento psicológico ni psiquiátrico. Pero que tienen una voracidad por la corrupción como pocos. Y también completan ese staff de gobierno, una banda de impresentables sin formación política, que como único mérito exhiben una tremenda violencia institucional y comunicacional que es utilizada con objetivos maliciosos y malintencionados. En síntesis, estamos en manos de una runfla de impresentables, que además son corruptos.
De a poco y como sucede siempre, los ciudadanos están reaccionando y empezando a actuar en defensa propia. Reclamando en la calle y mostrando su enojo y su cansancio. Un movimiento sin referencias ni políticas, ni sociales ni gremiales. Es un movimiento anárquico pero cada día cobra más fuerza.
Se termina la paciencia de la ciudadanía, de los hombres y mujeres de a pie. De las minorías que pierden derechos. De los pobres que no tienen acceso ni a la salud pública ni a un plato de comida diario, entre tantos otros.
Este gobierno tiene un norte oscuro y con final previsible. Sin diálogo político y sin consenso social, con un rumbo desconocido desde lo económico y dependiendo del endeudamiento internacional y apostando a la timba financiera, se llevan puesto todo. Hasta que los habitantes de a pie se harten y los corran del gobierno. Y esa efervescencia está cada día más latente.
