Se trata del nodocente José Alfredo Duarte y los estudiantes Berta Clara Perassi, Alberto Pinto, José Santiago Amato. El acto fue presidido por la rectora Marisa Rovera. Participaron familiares de aquellos jóvenes detenidos desaparecidos durante la última dictadura cívico militar-
Se concretó este miércoles el primer acto de reparación de legajos de miembros de la Universidad Nacional de Río Cuarto que fueron víctimas del terrorismo de Estado, lo cual aprobado por unanimidad en mayo el Consejo Superior.
Fue una emotiva ceremonia en el aula magna de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Un sentido homenaje a trabajadores y estudiantes que, habiendo sido parte de la institución, resultaron víctimas del terrorismo de Estado que asoló al país entre 1974 y 1983.
Se hizo entrega de una copia de los legajos reparados a Clarisa, la hija del trabajador nodocente José “Peco Duarte”; Agustín, sobrino de Berta “la Gringa” Perassi y Leticia, hermana de José “Pocho” Amato; en tanto que el de Alberto Pinto, fue dado a la directora del Departamento de Ciencias de la Educación, Mariana Gianotti.
El acto fue presidido por la rectora Marisa Rovera, quien compartió el estrado con la vicerrectora Nora Bianconi y la coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos de la UNRC, Rosa Cattana. Participaron familiares de aquellos jóvenes detenidos desaparecidos durante la última dictadura cívico militar, el intendente de Río Cuarto, Guillermo de Rivas, autoridades de las facultades, dirigentes gremiales docentes y nodocentes, integrantes de entidades locales y concejales.
“La Universidad Nacional de Río Cuarto comprometida en la defensa de los Derechos Humanos y manteniendo la memoria siempre activa para no permitir la repetición de hechos tan aberrantes como los sucedidos durante el terrorismo de estado, lleva adelante un proceso de reparación documental”, se dijo en el comienzo de la ceremonia. Y se agregó: “Con ello, la UNRC pretende corregir una injusticia histórica acerca de documentación que guarda y no refleja las reales causas del cese del vínculo laboral o estudiantil entre las víctimas y la institución, omitiendo referencias o replicando las versiones oficiales de quienes perpetraron la represión criminal”. “La reparación de legados constituye un deber ético del Estado y de sus instituciones democráticas, reflejando en los legados de estudiantes y trabajadores la verdad histórica”.
La reparación de legajos fue establecida por el decreto 1199/2012 y para el caso de las universidades consiste en incorporar una resolución del Consejo Superior en la que se indican los verdaderos motivos por los que la persona dejó de estudiar o trabajar. Con esto, se busca producir un testimonio documental del paso por esta casa de estudios de hombres y mujeres, cuya vida fue arrebatada por la violencia institucional.
