La Legislatura de la Provincia de Córdoba aprobó este miércoles la Ley Sonia Torres -en homenaje a la titular de Abuelas Córdoba fallecida en octubre pasado- para capacitar en derechos humanos a los agentes de los tres poderes del Estado.

Fue en la primera sesión especial del presente periodo de sesiones, en la localidad de José de la Quintana, departamento Santa María, donde funcionó el ex grupo de Artillería 141.

La reunión parlamentaria – encabezada por el presidente provisorio de la cámara, Facundo Torres- se realizó con motivo de conmemorarse el 48° aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

La Ley Sonia Torres fue aprobada por 66 votos a favor, y establece en el ámbito de la provincia, la capacitación, sensibilización y concientización obligatoria en materia de Derechos Humanos para todas las personas que se desempeñen en la función pública provincial en todos sus niveles y jerarquías -tanto del sector público centralizado como descentralizado- para los tres Poderes del Estado.

La norma establece contenidos mínimos en la materia: principios básicos de DDHH, jurisprudencia, juicios y procesos, sitios de la memoria, violencia institucional, derechos de minorías y genocidios, entre otros aspectos.

El Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia de Córdoba será el órgano de implementación de la capacitación.

La ley también prevé sanciones administrativas por incumplimiento sin justa causa, y da un plazo de un año desde su aprobación para su puesta en marcha.

El debate

El miembro informante del despacho de mayoría, Matías Chamorro, indicó que la ley es una muestra de reivindicación, por lo que desde la comisión de Derechos Humanos de la Legislatura se designó a este proyecto de ley Sonia Torres, “por su ejemplo, por su amor, por su lucha incansable por las políticas de memoria, verdad y justicia, sin duda, una referente fundamental e imprescindible en la política de derechos humanos de nuestra provincia”. “Este proyecto tiene como objeto fortalecer la herencia democrática recordando que la democracia, la libertad y el respeto por los valores inquebrantables de los derechos humanos deben ser conocidos y promovidos por todos los ciudadanos, y en especial por los agentes públicos”.

Por su parte, Rodrigo Agrelo (Encuentro Vecinal) fundamentó su despacho en minoría: “Propusimos introducir la obligación de capacitación a los empleados y funcionarios del Estado también sobre la dignidad del niño por nacer”. Además, sobre el tema convocante de la sesión especial, indicó que “sólo habrá paz cuando haya memoria completa, cuando haya verdad integrada y cuando haya justicia para todos”.

La presidenta de la comisión de Derechos Humanos de la Legislatura, Inés Contrera (UCR), agradeció la posibilidad de incorporar al proyecto modificaciones que permitirán conocer “las decisiones que fueron impulsadas por el presidente Raúl Alfonsín, a través de la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, el informe del Nunca Más por las causas de Lesa Humanidad y el juicio a las juntas militares”.

En tanto que la legisladora Luciana Echevarría (MST en el FITU) señaló que “el compromiso real con la memoria y la verdad, es abrir los archivos para que las madres puedan despedir a sus hijas e hijos, para que las abuelas puedan abrazar a sus nietos antes de partir y que no nos quede esa deuda como sociedad como pasó con la querida Sonia Torres que se fue anhelando mirar a los ojos a su nieto”.

A su turno, Patricia Botta (PRO) consignó que “acompañar esta ley es de suma importancia porque muchos no vivieron aquellos años, y quizás ni leyeron ni escucharon ni se ocuparon de saber lo que pasó en Argentina hace cuarenta y ocho años“.

Alejandra Ferrero (UCR) se expresó: “Quiero dejar en claro el repudio al terrorismo de Estado, nunca nadie debería ir preso por sus ideas, nunca nadie debería ser torturado y asesinado por pensar distinto”. “Aunque la mejor forma de contribuir y hacer homenaje a los derechos humanos hoy, más allá de los discursos, es levantarnos, es trabajar, es querer progresar y es luchar para modificar el status quo y tratar de representar los problemas y los dolores de la gente”.

La iniciativa contó con la abstención del legislador Gregorio Hernández Maqueda (Coalición Cívica -ARI) quien señaló que “sin memoria completa, no hay verdad, hay relato”. “Para mi generación, que no vivió los hechos ocurridos en 1976, esta medida despertó el dilema de, por un lado, dejarse adoctrinar por un relato sesgado y falaz”, agregó.

A su turno, Karina Bruno (Córdoba) destacó el trabajo de la comisión de Derechos Humanos de la Legislatura. En ese marco, presentó el beneplácito por el documental “El horror está enterrado en San Vicente” publicado por La Voz del Interior.

Ariela Szpanin (UCR) expresó: “Siempre, siempre, es con más educación, por eso celebramos esta capacitación. Estamos acá para no ser indiferentes, para traer a la memoria y rescatar las historias de vida de todos y cada una de las víctimas de los genocidios”.

Desde LLA, Agustín Spaccesi señaló que “la única certeza que nos queda es que el estado de derecho tiene que estar siempre y en cualquier situación por encima de todo”. Aunque rechazó el “paralelismo que algunos legisladores trazaron entre el liberalismo, las ideas que defiendo, y en las que creo, con la dictadura”. Y anticipó su voto negativo por la ley, porque “parece darle un marco normativo a una forma de adoctrinamiento”.

Federico Alesandri (Creo en Córdoba) dijo: “Además de aprobar y votar favorablemente este proyecto. También en este día no quiero dejar de lado especialmente en nuestro partido, porque los del otro lado ya lo conozco, dar el debate necesario ante la crisis que está sufriendo nuestra democracia en estos tiempos con las decisiones, con el relato y con las acciones del gobierno de Milei y con quienes colaboran con esto”.

Por su parte, Brenda Austin (UCR) destacó que al debatir en el sitio de la Memoria, los legisladores dan un testimonio: “Con esta representación tan diversa, al estar sentados acá, tratamos de dar un mensaje claro de lo que representan estos 48 años desde el golpe militar”. “Con la CONADEP y el juicio a las Juntas, el presidente Alfonsín, y quienes pusieron el cuerpo, pudieron distinguir qué es el terrorismo de Estado, qué es un plan sistemático y los delitos de lesa humanidad”.

En tanto, el legislador Alfredo Nigro (UCR) pidió en su alocución que “seamos capaces de articular los consensos que nos permitan concretar aquel sueño trunco de una democracia con la que alguna vez se pueda, no sólo votar, sino con la que se coma, con la que se cure, con la que se eduque”.

Finalmente, el presidente del bloque Hacemos Unidos por Córdoba, Miguel Siciliano, indicó que “no alcanza con estar presentes en el sitio de la Memoria si se va a soslayar que el golpe del 24 de marzo del 1976 fue un hecho político objetivo que se llevó la vida de 30 mil personas”. “No se trató de una respuesta equivalente a la violencia que pueda cometer la sociedad civil”. “La Legislatura no puede obviar el dolor de los familiares de los desaparecidos”, enumeró.

Invitados

Estuvieron presentes representantes de los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo; de organismos de Derechos Humanos, sindicales, intendentes y jefes comunales del departamento Santa María, de la DAIA, de la Colectividad Armenia, entre otros.
Al inicio de la sesión, Jimena Ludueña y Mercedes Ferrero, referentes Trabajadoras Unidas por la Tierra e integrante de Refugio Libertad agradecieron la presencia de los legisladores en el lugar.