Desde las 10, este jueves La Libertad Avanza buscará avanzar en la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, que preside José Luis Espert, con un dictamen del proyecto de Presupuesto 2025, que procura sancionar la próxima semana.

Desde las 10, este jueves La Libertad Avanza buscará avanzar en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, que preside José Luis Espert, con un dictamen del proyecto de Presupuesto 2025, que procura sancionar la próxima semana.

Fuentes parlamentarias indicaron a la Agencia Noticias Argentinas que están a solo dos firmas para lograr el despacho de mayoría sobre el proyecto de gastos y recursos para el próximo año.

En caso de no poder alcanzar el dictamen de mayoría, el esquema diseñado por la LLA es citar nuevamente para el martes próximo, a fin de tener el despacho que permita pedir una sesión especial para el jueves de la semana siguiente.

En ese contexto, el debate en el Senado tendría que hacerse en sesiones extraordinarias, porque la Cámara alta siempre demora al menos 15 días para ese trámite y el período ordinario finaliza el próximo 30 de noviembre.

Las negociaciones por dentro

Espert, junto al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, mantuvo este martes conversaciones con los diputados de la Unión Cívica Radical (UCR) y el PRO, con el fin de superar las discrepancias que mantienen sobre el Presupuesto.

Las negociaciones se entablaron mientras fracasaba el pedido de sesión especial formulado por Encuentro Federal, Unión por la Patria y Democracia para Siempre para tratar el canje de deuda.

Para el Gobierno era central la vigencia del DNU sobre canje de deuda que le permite al ministro de Economía, Luis Caputo, negociar la restructuración de los pasivos sin las condiciones impuestas en la Ley de Administración Financiera.

Los legisladores dialoguistas insistieron con las demandas de los gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC) para mejorar los fondos que reciben las provincias por coparticipación federal.

El oficialismo prometió analizar algunas de los pedidos de los mandatarios y legisladores de la UCR y del PRO, pero no aceptaron reformar el artículo 1 del Presupuesto.

Desde la UCR plantearon que si la inflación supera la previsión establecida del 18% anual y, por consiguiente, la recaudación, debe establecerse cómo se utilizan esos recursos excedentes.

Pero desde el Gobierno se niegan a establecer cuál será el destino que tendrán esos recursos excedentes, ya que prefieren no especular con el aumento de la inflación, informaron fuentes del oficialismo.

En cambio, el Gobierno se mostró más predispuesto a aceptar algunos pedidos de los bloques opositores como incorporar a la masa coparticipable un porcentaje de la asignación específica establecida en el impuesto a los combustibles que se destinaba al subsidio del transporte del interior del país.

En tanto, sobre los pedidos de sumar también un porcentaje del 1,9 por ciento de la recaudación para sostener la estructura de la ex AFIP y distribuir el excedente de los ATN que no se utilizaron, aún no hubo una respuesta del oficialismo.

Otro punto de las tratativas lo constituyen el financiamiento del déficit de las cajas previsionales y el mecanismo de auditorías que se implementarán para que no queden supeditadas a la voluntad del Gobierno. Los pedidos de las provincias implicarían unos 1.900 millones de pesos.

Los ejes de las negociaciones también se centraron en las obras públicas y una de las propuestas será habilitar al jefe de Gabinete a restructurar partidas para poder sostener algunos de los emprendimientos de infraestructura que realizan las provincias.

Fuentes parlamentarias señalaron que en materia de universidades el Gobierno insistirá en poder definir cuál será la partida que se reducirá para mejorar los fondos a las casas de altos estudios, aunque todos coinciden que el aporte para ese sector va a ser superior al monto de 3,8 billones propuesto por el oficialismo.

También los bloques dialoguistas piden que se aumenten los fondos de la ley de Bosques y que se mantenga la ley de financiamiento docente que establece que se debe destinar el 6 por ciento del PBI a la educación.

Fuente: NA