Veintidós diputados nacionales del Frente de Todos, encabezados por el cordobés Pablo Carro, presentaron el proyecto de ley “Comunicación Audiovisual en Plataformas Digitales”, que actualiza el marco para los servicios de streaming, audio y video en nuestro país.
Además de disponer mecanismos para tutelar derechos de las audiencias y usuarios -especialmente niños, niñas y adolescentes-, el proyecto propone mejorar la competitividad de grandes y pequeñas productoras y ampliar las posibilidades de trabajo de miles de actores, músicos, periodistas, creadores, productores y técnicos argentinos.
La iniciativa actualiza el encuadre de la televisión de pago, los servicios de streaming y otros de intercambio de audio y videos como servicios audiovisuales, lo cual equilibra las obligaciones e incentivos de productoras, distribuidoras y plataformas.
Actualmente no hay una clara autoridad de aplicación ni lineamientos para resguardar a las audiencias o a los usuarios de prácticas indebidas, a la vez que estudios recientes señalan una presencia de menos del 3% de películas y series nacionales en los catálogos de las principales plataformas de consumo en Argentina. Al mismo tiempo, estas empresas no aportan a los fondos de financiamiento de la producción audiovisual.
Entre sus fundamentos, el proyecto expresa: “La ausencia de un marco de normatividad nacional específico sobre los nuevos servicios de comunicación audiovisual reduce sus responsabilidades de curaduría o edición, tributarias, laborales e informativas, lo cual conspira con las condiciones de igualdad respecto de prestadores radicados en nuestro país, en cada una de nuestras provincias”.
De allí entonces la necesidad de legislar sobre estos aspectos para promover la diversidad audiovisual y la producción argentina. Ante este panorama, el proyecto del diputado Carro se basa en experiencias de países europeos y en las recomendaciones de organizaciones como la Multisectorial Audiovisual y la Coalición por una Comunicación Democrática, proponiendo:
-Reencuadrar a la televisión por suscripción como servicio audiovisual resolviendo conflictos a la hora de tutelar derechos de audiencias, cuotas de pantallas y presencia de señales en las grillas de programación.
-Actualizar la definición de servicios de audio y TV a demanda, con precisiones que sean operativas en su implementación.
-Incorporar la definición de “servicios digitales de distribución e intercambio de contenidos audiovisuales”, para los nuevos sujetos prestadores sin responsabilidad editorial sobre el contenido.
-Precisar, para los servicios audiovisuales en Internet, el cumplimiento de normativas de antidiscriminación y tutela de derechos de audiencias vulnerables como niños, niñas y adolescentes (calificación de contenidos, control parental, etc.).
-Disponer una cuota de pantalla de exhibición o catálogo de producciones audiovisuales nacionales para las plataformas de streaming del 20% de películas o series, al menos la mitad de ellas de producción independiente, o coproducidas con productoras independientes, y con estreno o difusión con antigüedad menor a dos años.
-Explicitar el alcance tributario a estos nuevos servicios de comunicación audiovisual siguiendo parámetros de gravamen similares a señales satelitales y TV de pago (art. 94 LSCA). Se propone un porcentaje diferencial entre plataformas extranjeras y nacionales (6 y 3% respectivamente) de la facturación, como gravamen deducible del IVA. Esta precisión del alcance no es un nuevo impuesto, y conlleva el fortalecimiento de las industrias culturales argentinas.
La iniciativa es acompañada por las y los diputados: Juan Carlos Alderete, Rosana Andrea Bertone, Verónica Lia Caliva, Nelly Daldovo, Ana Carolina Gaillard, Silvana Ginocchio, Itai Hagman, Florencia Lampreabe, Susana Graciela Landriscini, Mónica Litza, Mónica Macha, María Rosa Martínez, María Carolina Moises, Claudia Ormachea, Blanca Osuna, Liliana Paponet, María Graciela Parola, Carlos Ybrhain Ponce, Hernán Pérez Araujo, Liliana Yambrun y Hugo Yasky.
Finalmente, Carro sostuvo: “En este tiempo hemos logrado poner en agenda la importancia de defender nuestra cultura y nuestra comunicación. Actualizar la normativa audiovisual y mejorar la competitividad de grandes y pequeñas productoras, ampliar las posibilidades de trabajo de miles de actores, músicos, periodistas, creadores y técnicos argentinos es el próximo paso”.