Tras el anuncio, el Gobierno oficializó la disolución del Fondo Fiduciario Público “Pro.Cre.Ar”, un programa que, desde 2012, buscó facilitar el acceso a la vivienda mediante créditos hipotecarios. Desde ahora, en el sueño de la «casa propia» tendrá mayor intervención el sector privado.
Tras el anuncio contra las políticas sociales, el Gobierno nacional oficializó la disolución del Fondo Fiduciario Público “Pro.Cre.Ar”, un programa que, desde 2012, buscó facilitar el acceso a la vivienda única familiar mediante créditos hipotecarios.
El decreto enfatiza que la financiación de la construcción de viviendas es, principalmente, una actividad que debería estar en manos de instituciones financieras privadas y públicas, sin intervención estatal directa. En este sentido, el Gobierno sostiene que, tras las reformas del Banco Central para reducir la inflación y fomentar los créditos hipotecarios, es el momento adecuado para que el Estado deje de intervenir en el sector inmobiliario.
El plan Procrear fue creado durante la gestión de Cristina Fernández para facilitar el acceso a la vivienda a través de créditos del Estado. Actualmente hay más de 17 mil obras en curso.
Desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, ya cerraron fondos fiduciarios vinculados a la educación, la salud, la actividad agropecuaria, la protección de bosques y la urbanización de barrios, entre otros.
Ante la eliminación del Procrear, el Poder Ejecutivo habilitará las «hipotecas divisibles» para compensar los créditos que ya fueron otorgados.
Los fondos fiduciarios están vinculados a recursos que el Estado le otorga a una determinada entidad para que los gestione en su nombre o el de un tercero. Por lo general, estas entidades que recaudan y transfieren estos recursos del Estado son el Banco Hipotecario, el Banco de Desarrollo Argentino (BICE) o el Banco de Nación (BNA).
El Ministerio de Economía será el encargado de realizar la liquidación del fondo, siguiendo las disposiciones del decreto y de los contratos existentes. Esto incluye la administración de bienes inmuebles del Pro.Cre.Ar y la posibilidad de transferirlos a provincias, municipios y otros organismos estatales en caso de que ya no estén en uso.
Además, los inmuebles de titularidad fiduciaria, que no cuenten con contratos vigentes, serán transferidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), lo que permitirá al Estado disponer de estos recursos de manera más eficiente.
Continuidad de los Créditos Hipotecarios
Una de las principales preocupaciones de los beneficiarios actuales de Pro.Cre.Ar es qué ocurrirá con sus créditos hipotecarios. En respuesta a esto, el decreto establece que el Ministerio de Economía firmará un contrato con el Banco Hipotecario S.A. para asegurar la continuidad de la gestión de los créditos bajo las mismas condiciones de retribución ya pactadas. Así, los titulares de estos créditos no verán alteradas sus condiciones de pago o financiamiento.
La disolución de Pro.Cre.Ar marca un cambio en la política de vivienda en Argentina. Según argumenta el Gobierno, la medida busca redirigir los recursos hacia áreas donde el Estado pueda ser más efectivo y donde la administración pública sea más eficiente, alineada con la Ley 27.742, que establece bases para la reforma del Estado.
Por otro lado, el sector bancario e inmobiliario podría ver un aumento en la demanda de créditos hipotecarios a medida que el acceso a viviendas vuelva a depender mayormente de las instituciones financieras. Esta medida también abre un nuevo escenario para aquellos que buscan acceder a una vivienda en Argentina, quienes deberán recurrir cada vez más al sector privado para concretar su sueño de la casa propia.
