Por Rosa Cattana. Militante de “arrugas más, arrugas menos”. Ex decana de la Facultad de Ciencias Exactas. UNRC
La seguridad social es una herramienta clave para resolver la protección de las personas ante ciertas circunstancias o eventos que, en muchas oportunidades, no pueden afrontar por sus propios medios. Los sistemas de protección social buscan acompañar a los sujetos a lo largo de todo su ciclo de vida: su nacimiento, la escolaridad, la etapa activa en el mercado de trabajo, el desempleo, la vejez e, inclusive, hasta la propia muerte. La seguridad social funciona como un abanico de protecciones para prevenir o compensar el riesgo de pérdida de ingresos o falta de recursos ante contingencias sociales o biológicas.
Si bien la seguridad social se concibe como un sistema de justicia distributiva, arrastran grandes brechas de desigualdad. Entre las brechas de desigualdad más estructurales aparece la de género. Brecha que surge como consecuencia de la desigual inserción en el mercado de trabajo.
En el marco de sociedades fuertemente patriarcales, la división sexual del trabajo ha destinado a varones y mujeres tareas bien diferenciadas. Los varones han asumido el rol predominante del trabajo productivo, ubicándolos en el lugar de proveedores y principales garantes de los recursos económicos del grupo familiar. Por su parte, las mujeres han sido históricamente ubicadas en el rol del trabajo reproductivo, realizado mayoritariamente al interior de los hogares de manera no remunerada y asociado a las tareas necesarias para garantizar los cuidados, bienestar y supervivencia de las personas que componen ese grupo familiar.
Las tareas domésticas y de cuidado no remuneradas son un trabajo que queda invisibilizado, a pesar de su rol crucial para el funcionamiento de las sociedades en su conjunto. Al no ser reconocido como trabajo y no gozar de una remuneración, las mujeres que dedicaron su vida a estas tareas quedaron históricamente marginadas de los derechos laborales y -por añadidura- del derecho a la seguridad social. En sentido opuesto, los sistemas de seguridad social nacieron para dar cobertura a las personas que realizaban trabajos considerados productivos, alcanzando tanto al trabajador –en la práctica, mayormente varón, dada la división sexual del trabajo- como a su grupo familiar primario. De este modo, la vía principal de acceso de las mujeres a la cobertura de seguridad social ha sido a través de la figura de familiar “a cargo”, en tanto su rol de esposas o madres.
Por otro lado, la ampliación de derechos individuales como: ley de divorcio, matrimonio igualitario, ley de identidad de género, produjeron cambios de distinta índole en la sociedad, en particular en lo que se refiere a nuevas conformaciones familiares (familias monoparentales, parejas del mismo sexo, entre otros) que difieren enormemente de la familia tradicional. Por otro lado, la clasificación binaria mujer-varón resulta insuficiente para dar cuenta de la complejidad que conlleva el concepto de género. Por lo antedicho, el sistema de previsional vigente basado en la figura del hombre proveedor dentro de una familia tradicional, ya no da las respuestas que la sociedad necesita.
Tal es así, que el modelo de familia complementario y funcional al formato patriarcal de organización social del trabajo, configuró un sistema de seguridad social (no solo en lo que respecta a lo previsional) con acceso de titularidad predominantemente masculina y con un ingreso femenino preferencial como derecho derivado a través del rol de esposa y madre, mediante la vía de la figura de “a cargo”. El supuesto de fondo, preveía a un varón considerado como proveedor tanto al momento de la etapa activa, garantizando el derecho a la seguridad social de toda la familia, como una vez fallecido, a través de la institución de la pensión por viudez o supervivencia.
Más allá del incremento de la participación de las mujeres en el mercado de trabajo remunerado y de la proliferación de hogares cada vez más diversos, las responsabilidades domésticas y de cuidado siguen recayendo casi exclusivamente sobre hombros femeninos: las mujeres realizamos el 76 % de las tareas domésticas al interior de los hogares y destinamos, en promedio, 6,4 horas diarias a estas responsabilidades. Tanto es así que, inclusive una mujer que trabaja a tiempo completo realiza una mayor cantidad de tareas al interior de su hogar que un varón desocupado. Todo esto se traduce en la persistencia de enormes disparidades en el acceso, la permanencia y las trayectorias laborales como asi también en el sistema previsional, por género.
Para promover la disminución de estas inequidades es fundamental tomar en consideración la situación de una población particularmente vulnerada en el mercado de trabajo: las mujeres. Las mujeres presentamos menores tasas de participación laboral y empleo que nuestros pares varones, mayores tasas de desocupación e incidencia de la informalidad, y estamos sobrerrepresentadas en puestos de menor jerarquía y en sectores menos dinámicos. Estas brechas se vinculan con la feminización de las tareas domésticas y de cuidados, así como con normas sociales de género y estereotipos, y se traducen en inequidades dentro del sistema previsional.
La feminización del cuidado afecta todo el colectivo de mujeres, pero su incidencia varía según el nivel de ingresos, el tipo de inserción laboral, la ubicación geográfica y la edad, entre otras dimensiones relevantes. Para reducir las inequidades es importante tomar en consideración cómo estas problemáticas se articulan y generan nuevas vulneraciones, lo que en la literatura se conoce como enfoque interseccional. Incorporar estas dimensiones al diseño de las políticas públicas es imprescindible para garantizar la equidad en la implementación.
A las mujeres nos sigue costando alcanzar puestos altos, y el nivel de educación no es la causa; según un informe de la OIT del año 2015, las mujeres tenemos un nivel de educación más alto que los varones. La educación, entonces, no es la causa de tener menos y peores empleos. Diversos factores obstaculizan la igualdad real de empleo y de oportunidades y entre ellas se encuentran el cuidado de los niños, de otros familiares y la llamada “penalización de la maternidad”.
Dentro de la informalidad laboral, vale la pena analizar un subgrupo particularmente vulnerable, el de las empleadas de casas particulares. En Argentina hay alrededor de 1.300.000 empleadas de casas particulares según la oficina argentina de la OIT (Organización internacional del trabajo). El 97,6% de las personas que se dedican al servicio doméstico son mujeres. Son el 17 % de las mujeres asalariadas en el país. Del total el 75 % no están registradas. Es importante destacar que, en Argentina, las personas que alcanzan su edad jubilatoria con 30 años de transferencias a la seguridad social son la minoría. Se trata de sólo una de cada diez mujeres y tres de cada diez varones.
Las moratorias previsionales constituyen un mecanismo para que los trabajadores y trabajadoras que hayan alcanzado la edad mínima exigida, pero no el tiempo de contribuciones necesario (30 años), puedan acceder a una jubilación mediante la cancelación en cuotas de su deuda previsional. Desde su implementación, permitieron el acceso al derecho a la seguridad social a millones de personas mayores -especialmente mujeres- con trayectorias de trabajo informal, desocupación o trabajo reproductivo al interior de sus hogares.
De los casi 6,9 millones de prestaciones del Sistema Previsional Argentino (SIPA) 3,6 millones de jubilaciones y pensiones han sido otorgadas a través de moratorias, lo que da cuenta de su importancia como política de inclusión social. Sin esta medida, la cobertura del sistema sólo alcanzaría a un 48% de las prestaciones otorgadas en la actualidad.
De acuerdo a estimaciones realizadas a partir de la EPH, la cobertura previsional de las personas mayores de 65 años en Argentina al 3° trimestre de 2020 era de 92,3%, ascendiendo a 95,6% para las mujeres y siendo de 87,8% para los varones. Lo que posiciona a Argentina como el país con mayor cobertura previsional en la región.
Es importante destacar que las moratorias tuvieron la capacidad de modificar la estructura del sistema previsional argentino. Así, se pasó a tener predominancia femenina en el acceso a la jubilación, por primera vez en la historia, y se les permitió a estas mujeres, después de toda una vida de trabajo, acceder a un ingreso previsional por derecho propio. En la actualidad, el 68% de las jubilaciones y pensiones del SIPA tiene a mujeres como titulares; mientras que, si se observan las jubilaciones del Régimen General, solo un 37% corresponde a mujeres.
El martes 28 de febrero, en la última sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados se aprobó el proyecto de moratoria previsional que tiene como objetivo que cerca de 800 mil personas puedan acceder a la jubilación en el 2023, ya que tienen la edad para contar con ese beneficio, pero no poseen los 30 años de aporte. De ese total, 54.000 personas son de la provincia de Córdoba y dentro de ello 5.000 son riocuartenses. Es importante destacar que del total de personas que pueden beneficiarse con esta ley en el 2023, 447.000 son mujeres y 295.000 son varones. Datos que nuevamente dan cuenta de la mayor informalidad laboral de las mujeres.
El proyecto que tenía media sanción de senadores desde el mes de junio, y que debiera haber sido aprobado en diputados en el mes de diciembre si no hubiese sido por el bloqueo realizado al Congreso por la oposición, cosechó 134 votos que fueron aportados por el Frente de Todos, el Interbloque Federal, Provincias Unidas, y la izquierda; mientras que el rechazo al proyecto reunió 107 sufragios de Juntos por el Cambio, y las dos agrupaciones de derecha: La Libertad Avanza, que conduce Javier Milei, y Avanza la Libertad, del liberal José Luis Espert.
Desde el feminismo, en particular desde “arrugas más, arrugas menos” celebramos la sanción de esta ley que permite llevar un poco de justicia social a la vida de alrededor de 800.000 personas.
Pero nuestra lucha por un sistema previsional más justo e igualitario y por las causas que generan esta desigualdad, continúa más allá de la coyuntura. Sin dudas el rol de la seguridad social dentro del repertorio de herramientas con las que cuenta el Estado para reproducir o cerrar desigualdades, necesita ser modificado e incorporar perspectiva de género entre otras cosas.
“Los aportes que nos faltan los tiene el patriarcado”, es una de las consignas planteadas por el colectivo “Ni una menos” de Rio Cuarto para el próximo 8 de marzo.
Las viejas feministas estaremos en las calles el próximo 8M porque luchamos por nuestros derechos, pero también para que las viejas del futuro, que son las pibas de hoy, tengan una vejez con más derechos y menos complicaciones que la que nos toca atravesar a nosotras.
Porque tenemos claro que el patriarcado nos oprime durante toda la vida,
Porque el patriarcado no se va a caer, sino que nosotras las viejas junto con las pibas de pañuelo verde lo vamos a voltear.
Por todo eso, compañera, hermana, amiga +60, este 8 M nos vemos en las calles.
Fuentes consultadas
- Rafael Rofman, Luciana Petrone. Género en el sistema previsional argentino: análisis de una reforma valiosa y desafíos pendientes. https://www.cippec.org/textual/genero-en-el-sistema-previsional-argentino-analisis-de-una-reforma-valiosa-y-desafios-pendientes/
- Nadia García. La brecha de género y su impacto en el régimen de jubilaciones. http://revista-ideides.com/la-brecha-de-genero-y-su-impacto-en-el-regimen-de-jubilaciones/
ANSES, “impacto de las brechas de género en el acceso al derecho a la seguridad social”, Serie Estudios de la Seguridad Social, Dirección General de Planeamiento – Observatorio de la Seguridad Social, mayo de 2021 - Lucía Corsiglia. “Las mujeres, el derecho a la jubilación y las disputas en torno a los sentidos de lo legítimo”. Revista de Trabajo Social y Ciencias Sociales, núm. 28, 2018.
