Por Sandra Choroszczucha – Politóloga y Profesora de la Universidad de Buenos Aires

Hay dos asuntos estructurales que en Argentina no se enfrentan y entonces no se resuelven.

Uno de estos asuntos, es el excesivo tamaño de la Provincia de Buenos Aires (PBA) que no permite que ningún gobernante pueda administrarla de manera eficiente. Es oportuno aclarar que hace décadas aparecen más y más pruebas sobre la alta corrupción en las diversas gestiones gubernamentales bonaerenses, lo cual indudablemente complica la gestión del distrito.

Sin embargo, el problema de la ineficiente gestión en la PBA excede al flagelo de la corrupción, ya que se torna muy complejo administrar una provincia que representa en tamaño y densidad de población a casi la mitad del territorio y la ciudadanía argentinos, y excede en extensión y población a varios estados nacionales en otras latitudes. La PBA arrastra hace décadas crisis de toda índole – sanitaria, educacional, de infraestructura, en materia de seguridad, etc.

Unos pocos académicos y dirigentes políticos han pensado y propuesto particionar la PBA, pero las estrategias especulativas geográfico- electorales, el llamado Gerrymandering, que refiere a la manipulación de un territorio, uniéndolo o dividiéndolo, con el objetivo de producir un efecto sobre los resultados electorales, no permite que esto se resuelva de una vez. Ejemplo: si la PBA se divide en algunas partes, el modo en que se dividan esas partes puede llevar a que se divida el electorado peronista, y a que esas nuevas partes ya no sean gobernadas por el peronismo. Y menciono al peronismo porque fue el partido que gobernó históricamente y gobierna la PBA – excepto en dos oportunidades, en 1983 y en 2015 -.

Gobernar un distrito del tamaño de la PBA requiere de dirigencia política, organización y recursos (también por coparticipación) suficientes para poder gestionarla eficientemente. Respecto al presupuesto por coparticipación, si bien Alberto Fernández le arrebató a la ciudad porteña 1% de los recursos para derivarlos intempestivamente a la PBA para destrabar un conflicto con la policía bonaerense que exigía mayores ingresos en plena pandemia – y esto le complicó las cuentas públicas a la ciudad porteña-, nobleza obliga admitir que la PBA sufre desde hace mucho tiempo de la injusta repartición en la coparticipación federal en el reparto total nacional.

Esto no quiere decir en absoluto que, si la PBA recibiera más recursos por coparticipación, acabaría con todos sus problemas, el mayor presupuesto es necesario, pero no es suficiente para que la mega provincia pueda ser bien gobernada. Sin eficiencia ni ética a la hora de gestionar, no hay recursos por coparticipación que valgan. Sin embargo, para que casi la mitad de la población argentina pueda empezar a gozar de un estilo de vida no pobre ni indigente, necesita tornarse viable una gestión gubernamental y presupuestaria de tamaño distrito, y hasta ahora no lo fue.

El otro asunto estructural que no termina de ser encarado como merece por cada gobierno de turno, se relaciona a la caja jubilatoria que es sin duda “la madre de todas las cajas”. Se ha responsabilizado a Cristina Fernández de Kirchner (CFK) por la cantidad de moratorias que promovió durante su gobierno, lo cual llevó a que unos 4 millones más de jubilados comiencen a cobrar sus haberes. Y es cierto que aumentar la cantidad de beneficiarios jubilados implica mayor gasto, y mayor gasto en un país que recauda mucho pero mal, significa problemas para el fisco.

Pero también es cierto que los jubilados también cobraban haberes miserables antes de las moratorias del kirchnerismo, y que muchos de los que empezaron a cobrar a partir de las moratorias no trabajaron los 30 años reglamentarios porque estuvieron desempleados o porque trabajaron obligadamente de modo informal.

Como resultado: la caja jubilatoria es tan grande, representa un porcentaje tan alto en las arcas del Estado, que Milei hoy se pelea con los “degenerados fiscales” o el “nido de ratas” – motes con los que el presidente con frecuencia llama a varios legisladores – que hoy pretenden una fórmula jubilatoria que implique haberes más altos. Pero estos haberes más altos implicarían que no se logre la meta fiscal supervavitaria que pretende Milei.

En este orden de desentendimientos, el presidente dijo literalmente respecto a la suba que pretenden los legisladores “voy a vetar todo, me importa tres carajos”. Algo similar pasó con CFK cuando vetó el 82% móvil para las jubilaciones cuando el Senado en octubre de 2010 había sancionado dicha ley. CFK manifestaba en aquellos momentos muy enojada con los legisladores “esto no es una ley de 82% móvil, esto es una ley de quiebra del Estado y estafa a los jubilados…”.

En Argentina, a diferencia de cantidad de países en otros continentes, no hay más población pasiva que activa, por tal motivo podría diseñarse un modelo donde los aportes puedan articularse con los haberes jubilatorios en un punto de equilibrio que resulte en una cifra digna para los ingresos de los jubilados y viable para mantener un fisco ordenado.

Pero esto implicaría trabajar mucho y bien. Implicaría decencia, eficiencia, humanidad, y que los jóvenes estudien y se preparen para que en su vida adulta puedan trabajar y aportar; y que el gobernador Kicillof anule la repetición en los secundarios para que la educación siga descalificándose no ayuda para nada. Y qué Milei ahora o CFK hace unos años, se enojen tanto con los legisladores que pretenden jubilaciones más dignas, tampoco.

Concluyendo, no existe un plan integral para hacer frente a dos problemáticas que impactan de manera sideral en las cuentas públicas y en el malestar socio-económico de millones de argentinos. Sí existen intereses particulares, mucha inoperancia y ganas de pelear.

Sandra Choroszczucha – Politóloga y Profesora de la Universidad de Buenos Aires