Es la primera vez que se realiza en el Centro Cívico una reunión con referentes de los Comechingones, Ranqueles y Sanavirones. El gobernador les hizo entrega del decreto reglamentario de la ley sobre el tratamiento de restos mortales de aborígenes. «Para el Consejo de Pueblos Indígenas es un hecho histórico”, sostuvieron desde las organizaciones.

En el transcurso de un encuentro de carácter inédito celebrado en el Centro Cívico del Bicentenario, el gobernador Martín Llaryora recibió a referentes de tres pueblos originarios, a quienes hizo entrega del decreto reglamentario de la Ley Nacional Nº 25.517 y el anexo que regula los hallazgos fortuitos de restos sensibles, humanos y objetos rituales relacionados.

Acudieron a la reunión representantes de los pueblos Comechingón, Ranquel y Sanavirón, integrantes del Consejo de Comunidades de Pueblos Indígenas de Córdoba creado durante la gestión del gobernador José Manuel de la Sota.

Alicia Puga, una de las integrantes del Consejo, señaló que ser convocados por el gobernador para la firma del decreto reglamentario de la Ley 10.317, que habla de la restitución de restos sensibles “es un hecho histórico, muy importante porque nosotros vamos a hacer un órgano de consulta”.

Durante la reunión, de la que también participó la ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero, se abordaron distintos asuntos que forman parte de la agenda habitual de la entidad que nuclea a representantes de los pueblos originarios.

Lucía Villarreal, otra de las participantes del encuentro, celebró que el interés demostrado por el gobernador Llaryora en los temas planteados por los pueblos originarios y recordó que las cuestiones inherentes a los descendientes de Comechingones, Sanavirones y Ranqueles experimentaron un fuerte impulso con la creación del consejo que los nuclea .

“Ahora vamos a ser un órgano de consulta y de decisión, en caso de que se encuentren restos sensibles, con la posibilidad de decir dónde van a ser restituidos y como corresponde con todos sus ajuares y de la manera en que se los encuentre”, agregó.

Alicia Puga insistió en destacar que “es la primera vez que nos recibe un gobernador, es un hecho histórico y la verdad que nos sentimos muy halagados como pueblos indígenas de haber sido recibidos y el respeto con el que nos habló”.

El gobernador hizo entrega del decreto por el cual se aprueba la reglamentación de la Ley Nº 10.317, que dispone la adhesión de la Provincia de Córdoba a las disposiciones de la Ley Nacional Nº 25.517.

Esa norma establece el tratamiento a efectuar respecto de los restos mortales de aborígenes, cualquiera fuera su característica étnica, que formen parte de museos y/o colecciones públicas o privadas. El anexo, en tanto, contiene disposiciones para el caso de hallazgos fortuitos de restos sensibles, humanos y objetos rituales relacionados.

Señala que, en tal caso, «deberá denunciarlo a la autoridad judicial correspondiente y ésta, previo informe del Servicio de Antropología Forense del Poder Judicial, deberá comunicarlo en un mismo acto, inmediata y fehacientemente a la Secretaría de Derechos Humanos y Diversidad del Ministerio de Desarrollo Humano, a la Agencia Córdoba Cultura S.E y al Consejo de Comunidades de Pueblos Indígenas de la Provincia de Córdoba”.

El artículo 1 del anexo también dispone que “el Consejo de Comunidades de Pueblos Indígenas de Córdoba tiene la facultad de solicitar información, para el supuesto de que los restos sean exhumados para cualquier fin científico, sobre cualquier aspecto de su interés, por la entidad o persona responsable de la investigación”.

El decreto reglamentario lleva las firmas de la ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero; el ministro de Gobierno, Manuel Calvo y el fiscal de Estado, Jorge Córdoba.