La iniciativa de Córdoba propone medidas de estabilidad fiscal en tributos provinciales y extiende los beneficios a otros emprendimientos que no se encuentren incluidos por la norma nacional. Además, la Provincia se reserva la potestad de incrementar los beneficios ya dispuestos por la ley sancionada por el Congreso de la Nación.

El gobernador Martín Llaryora envió hoy a la Unicameral el proyecto de ley de adhesión al Régimen de Incentivo a Grandes Inversores (RIGI) previsto en el Título VII de la Ley N° 27.742.

El texto destaca que la provincia de Córdoba se caracteriza desde hace años por su matriz productiva y tecnológica, el trabajo articulado entre el sector público y el privado que se dan en un marco de estabilidad institucional y jurídica que propician las inversiones.

A principios de mes, el ministro de Economía y Gestión Pública, Guillermo Acosta, había anticipado el carácter superador del proyecto local, al afirmar que este “impulsará las fortalezas que tiene nuestra provincia, ya que agregará incentivos que harán aún más potente a esta herramienta”.

En efecto, el proyecto de ley enviado hoy a la Unicameral añade, como una manera adicional de garantizar la viabilidad y/o desarrollo de tales inversiones, “disponer que los titulares de proyectos que se radiquen y/o localicen en la provincia de Córdoba para desarrollar y/o ejecutar inversiones productivas en la misma, gocen de una estabilidad fiscal en los tributos provinciales”.

Además, la adhesión de Córdoba al RIGI incorpora la posibilidad de extender los beneficios de esta ley a otros proyectos. “Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a otorgar los beneficios previstos en el presente artículo, a grandes inversiones que no se encuentren comprendidas en artículo 1” de la norma sancionada por el Congreso Nacional, sostiene el texto que lleva la firma del gobernador Llaryora.

Además, la Provincia se reserva la potestad de “incrementar los beneficios previstos en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, así como desarrollar y ejecutar obras de infraestructura complementarias, regímenes de incentivos, y financiar programas para capacitación y nuevos puestos de trabajo”.

Finalmente, el proyecto de ley invita a municipios y comunas a “dictar las normas legales pertinentes a los fines de otorgar beneficios de estabilidad fiscal a los Vehículos de Proyecto Único (VPU)”.