El trabajo articulado de los ministerios de Justicia y Derechos Humanos y Salud junto con el Centro Ulloa pusieron de nuevo en agenda la conformación de las juntas médicas que establecen secuelas y daños producidos. Más de 300 personas pendientes que fueron detenidas en la dictadura cívico-militar podrán ser entrevistadas y acceder al derecho que otorgan las leyes reparatorias nacionales. En agosto comenzarán las capacitaciones y se prevé en septiembre iniciar las evaluaciones.

Ayer se celebró una reunión a través de la cual se formalizó la reactivación de las juntas médicas evaluadoras de daños que tienen la misión de diagnosticar a las personas que fueron detenidas ilegalmente y que son reparadas por las leyes nacionales.

“Es un paso adelante en materia de leyes reparatorias” dijo el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julián López, en el encuentro que se desarrolló en el salón principal del ministerio.

En la reunión participaron los secretarios Derechos Humanos, Calixto Angulo y de Salud Mental de la Provincia, María Pía Guidetti, quien aseguró que le genera “una profunda tranquilidad retomar el trabajo de las Juntas evaluadoras que producto de la pandemia no permitieron avanzar con las entrevistas”. La funcionaria explicó que si bien los equipos de Salud Mental ya fueron en su oportunidad capacitados, en agosto se realizarán nuevas capacitaciones a profesionales en conjunto con el centro Ulloa quienes conformarán las Juntas de evaluación. Se prevé que en el mes de septiembre comenzarán con las entrevistas. Guidetti indicó que son más de 300 pericias entre Capital e interior de la Provincia.

Desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación participó la directora del Centro de Asistencia a las Víctimas de violaciones de derechos humanos Centro Ulloa, Laura Sobredo, quien reconoció la “enorme deuda que tiene el Estado nacional en políticas reparatorias”. La funcionaria celebró el compromiso de la Provincia en activar los mecanismos para poder hacer efectivas las políticas reparatorias para las víctimas del terrorismo de Estado. Reconoció la capacidad de los equipos conformados en Córdoba y dijo que espera que “en el próximo encuentro no se hable de deuda sino de trabajo”.

Por su parte, Calixto Angulo manifestó la importancia de avanzar en las políticas no solo de Verdad y Memoria colectiva sino también de reparación hacia las personas que sufrieron la persecución, tortura y detención ilegal.

Cabe destacar que a propósito de la pandemia ocasionada por el Covid 19, se habilitó con sus respectivos protocolos que las entrevistas que no puedan concretarse de manera presencial se puedan realizar de manera remota.

Estuvieron presentes en el encuentro la directora del Archivo de la Memoria, María Cristina, la referente de la Asociación Civil Ex presos políticos, Soledad García, Gustavo Tissera, de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, miembros de la Comisión Provincial de la Memoria de Córdoba y funcionarios de las Secretaría de Derechos Humanos y de Salud.