Los legisladores provinciales que integran el interbloque opositor en la Legislatura de Córdoba calificaron de «gravedad institucional» los distintos hechos que han puesto en «jaque la seguridad en Córdoba». 

En el comunicado, los legisladores expresaron su “profunda preocupación ante los distintos hechos de gravedad institucional que han puesto en jaque la seguridad en Córdoba, comenzando con las detenciones de altos jefes y la cúpula del Servicio Penitenciario (SPC), afectando no sólo a Córdoba, sino también Villa María, y revelando una matriz de corrupción, que operaba desde el Servicio Penitenciario, con la presunta complicidad del poder político”. 

«Con posterioridad, saltaron a la luz las fallas en los controles, vulnerándose los ingresos del penal de Bower, entrando camiones que burlaban todo tipo de requisas, logrando ingresar celulares, droga y alcohol a las cárceles de Córdoba».

«Con tantos años del mismo color político en el gobierno, y sin poder deslindar responsabilidades, se descubre una estructura delictiva, con roles y asignaciones claras, que, por ejemplo, en el caso de Bomberos se presume que data de varios años atrás».

En las investigaciones sobre el SPC, se han constatado irregularidades en la entrega de informes, libertades y beneficios a los distintos internos. Se constataron también irregularidades en las habilitaciones de bomberos; recordemos que con la pandemia dicha habilitación terminó siendo la única constancia física de inspección.

El comunicado fue firmado por el presidente del interbloque, la radical Alejandra Ferrero, y de los titulares de las bancadas de la UCR, Matías Gvozdenovich; del Frente Cívico, Walter Nostrala; del PRO, Patricia Botta; de la Coalición Cívica-ARI, Gregorio Hernández Maqueda; y de Construyendo Córdoba, Dante Rossi.

En otro tramo del comunicado señala: «Y, por último, las recientes denuncias de pagos en las habilitaciones a empresas de seguridad privada, que impactan de cerca a la recientemente aprobada Ley de Seguridad del gobernador Llaryora.

Sin lugar a dudas, lo que pregonamos en tiempos de campaña es una realidad: ¡la seguridad de Córdoba está en Crisis y en jaque!

Todo esto expone el total fracaso de Schiaretti y Llaryora en un tema tan sensible como la seguridad, al límite de tener que buscar un Ministro de otro signo político, que lo único que hace es ratificar la incapacidad de este gobierno para afrontar el tema.

Los acontecimientos sucedidos, afectan la integridad y confianza en la Seguridad que imparte el Gobierno Provincial, generando la sospecha de una complicidad política y de una desprotección para los ciudadanos de a pie.   Hoy, ningún ciudadano que sale a trabajar, tiene la certeza que está siendo cuidado, atento a que la Seguridad se encuentra sospechada de corrupción. 

Lo acontecido, ha motivado la presentación de distintos pedidos de informes por los Legisladores que integramos Juntos por el Cambio, incluso citaciones a Ministros, para que den explicaciones; siendo denegada con el desempate de la Vice Gobernadora, vetando esa posibilidad. Advertimos que seguiremos convocando a los funcionarios a esta Honorable Cámara, para que den explicaciones como servidores públicos, de los vínculos de complicidad expuestos supra y de las medidas adoptadas para que no seamos testigos de nuevas redes de corrupción avaladas por el poder político.