El rector de la UNRC, Roberto Rovere firmó un convenio con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Córdoba. La Provincia aportará $1,3 millones. Se promueven derechos tendientes a la reinserción social de las personas privadas de la libertad. 

La Universidad Nacional de Río Cuarto y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Córdoba firmaron un convenio para la continuidad del Programa provincial de capacitación en derechos humanos en contextos de encierro. La rúbrica estuvo a cargo del rector de la UNRC, Roberto Rovere, y el ministro Julián María López.

El objetivo de este programa es promover y fomentar un análisis reflexivo que favorezca prácticas sociales acordes a la perspectiva de Derechos Humanos en los agentes del Estado provincial vinculados al Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC) y en aquellas personas que se encuentran privadas de la libertad.

Este Programa de capacitación en derechos humanos en contextos de encierro está dirigido tanto a los agentes del Servicio Penitenciario de la Provincia, como a las personas privadas de la libertad alojadas en los complejos carcelarios y establecimientos penitenciarios de Córdoba.

Tiene como fundamento promover en los complejos y establecimientos penitenciarios espacios de promoción de derechos tendientes a la reinserción social de las personas privadas de la libertad.

El objetivo es “brindar a los participantes los conocimientos teóricos y prácticos acerca de las normas de derechos humanos que guardan relación con el trabajo del personal del SPC y con las personas privadas de la libertad”. En particular, se apunta a “alentar la adquisición de las capacidades necesarias para transformar la información teórica en comportamientos prácticos, que ayuden a la resolución de situaciones que puedan presentarse en contextos de encierro; sensibilizar al personal penitenciario acerca de su papel particular en la promoción y la protección de los derechos humanos y su propio potencial para influir en los derechos humanos en su labor cotidiana; promover y concientizar a las personas privadas de la libertad sobre los derechos humanos; desarrollar un pensamiento crítico-reflexivo de los conceptos ofrecidos por el programa; fomentar un espacio áulico de dialogo, participación y desarrollo de actividades individuales y grupales en un marco de tolerancia y respeto colectivo”.

Las partes acuerdan la creación de una comisión para la coordinación de las distintas acciones. Por la UNRC, la integra la profesora Sandra Senn. Y los representantes por parte de la Secretaria de Organización y Gestión Penitenciaria, son la licenciada Sandra Chiavaro, directora general de Capacitación Profesional Penitenciaria y el abogado Pedro Patricio Yanzi Aspell, director de Políticas Penitenciarias; mientras que por la Secretaria de Derechos Humanos, está la licenciada Tamara Pez, directora general de Capacitación y difusión de derechos humanos en la comunidad, todos ellos dependientes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia.

La comisión se reunirá periódicamente para analizar y evaluar los avances de los proyectos acordados, y toda otra cuestión que haga al logro de los objetivos del convenio.

Se prevé que las actividades propuestas por la Universidad se desarrollarán primordialmente de manera presencial, con las adecuaciones pertinentes y con especial atención a la etapa de la pandemia de Covid-19 en curso, conforme la normativa vigente y disposiciones de la autoridad sanitaria. En caso de ser necesario, se concreten de manera remota.

En este marco, la UNRC se compromete a la realización de las actividades propuestas y cursos, dirigidos tanto a internas e internos de los Complejos carcelarios y establecimientos penitenciarios de Córdoba, como de los agentes del Servicio Penitenciario de Córdoba.

La elaboración del programa y contenido de los módulos será llevada a cabo por la UNRC en colaboración con representantes del Ministerio. El dictado de los módulos que lo componen estará a cargo de profesionales designados por la Universidad.

El Ministerio se compromete, a través del Servicio Penitenciario de Córdoba, a brindar el espacio físico y tecnológico, para el desarrollo de las actividades de capacitación en coordinación con la UNRC. Asimismo, el Ministerio, a través del Servicio Penitenciario de Córdoba, será el responsable de la difusión y de la inscripción de los interesados.

En el caso de las personas privadas de su libertad, podrán solicitar la aplicación del estímulo educativo previsto en el art. 140 de la Ley 24660 de ejecución de la pena privativa de la libertad, por el cual es posible avanzar en el régimen de la progresividad en función de la acreditación de niveles escolares, terciarios y universitarios, y cursos de formación profesional o equivalentes. La expedición de los certificados correspondientes estará a cargo de la UNRC. En el caso del personal penitenciario será acreditado en forma conjunta por ambas partes.

Por los trabajos a realizar en el marco del convenio, el Ministerio se compromete a abonar el monto total de 1.300.000 pesos a la UNRC, que serán pagados en cinco cuotas mensuales, iguales y consecutivas de 260 mil pesos.

La Provincia y cuatro universidades (las universidades nacionales de Río Cuarto, Córdoba y Villa María, y la Católica de Córdoba), renovaron el compromiso de trabajo en el marco del Programa de capacitación en derechos humanos en contextos de encierro.

La iniciativa permitirá la apertura del ciclo de formación 2022, en lo que es la continuidad de las acciones iniciadas en 2017, cuando se creó el Programa. Suman unas tres mil personas, entre internos y personal penitenciario, las que participaron de esta propuesta formativa.

En el acto, realizado en Córdoba, se entregaron reconocimientos a los rectores de las cuatro universidades por la labor y compromiso en la ejecución del Programa.