Tras la reciente visita de representantes del organismo multilateral al país, se buscará terminar de negociar en la sede central del organismo la tercera revisión del programa, para eventualmente recibir un desembolso de US$ 5.800 millones antes de fin de año.
Una comitiva encabezada por el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, llegará este martes a Washington para reunirse con autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI) y cerrar las negociaciones para la aprobación de la tercera revisión del programa, que permitirá gatillar un desembolso de US$ 5.800 millones antes de fin de año.
La delegación argentina que partió la noche de este lunes hacia la capital estadounidense se completa con el jefe de Asesores del Ministerio de Economía, Leonardo Madcur; el secretario de Finanzas, Eduardo Setti; el subsecretario de Presupuesto, Raúl Rigo, y el titular del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Marco Lavagna.
Tras la reciente visita de representantes del organismo multilateral a la Argentina, se buscará ahora terminar de negociar en la sede central del organismo la tercera revisión del programa, para eventualmente recibir un desembolso de US$ 5.800 millones antes de fin de año.
La tercera revisión corresponde a la auditoria del FMI de los números económicos de la Argentina del tercer trimestre del año, y forma parte del programa que el país suscribió con el FMI en marzo de 2022 para refinanciar los US$ 45.000 millones con el organismo multilateral, heredados de la gestión de Mauricio Macri.
No se descarta que la delegación argentina plantee durante su estadía en Washington, de la cual vuelven el viernes, los efectos negativos de la guerra en Ucrania para las reservas del Banco Central, que según admitió el propio ministro de Economía, Sergio Massa, rondaron los US$ 5.200 millones.
Sin embargo, para las autoridades del FMI ese rojo no previsto se ubicó en torno a los US$ 3.700 millones, aunque todos coinciden en el efecto devastador del conflicto armado en términos del costo de la energía.
En este contexto, las autoridades argentinas también prevén «solicitar un esfuerzo adicional» por parte del FMI, en función que se está pagando por una «guerra que no elegimos».
«Es una discusión que tenemos que dar, aspiramos a que nuestras contrapartes firmen compromisos con cláusulas de incidentes ajenos a los acuerdos firmados oportunamente», señalaron desde Economía.
La misión del Fondo que recientemente visitó el país estuvo integrada por un grupo de técnicos que responden al jefe de la Misión para la Argentina, Luis Cubeddu, y se manejó de manera muy reservada, aunque en ambas partes prevalece el optimismo de dar por cumplidas las metas del tercer trimestre.
Otro punto sustancial que forma parte de la agenda con el FMI es la revisión de los sobrecargos que aplica el organismo sobre el préstamo concedido a la Argentina.
De hecho, en la reciente cumbre del G20 que se llevó a cabo en Bali, Indonesia, los líderes de los países miembros consensuaron una declaración final que propone la revisión de la política de sobrecargos del FMI, en línea con el planteo que el Gobierno argentino viene realizando en los últimos meses.
La postura argentina fue respaldada por Alemania, Francia, Sudáfrica, Brasil, España y México, y el tema también formó parte de la reunión que el presidente Alberto Fernández mantuvo con la titular del FMI, Kristalina Georgieva.
«Hay que revisar los sobrecargos que los países más endeudados están pagando. Son tasas muy altas que no tienen ninguna explicación lógica», señaló el Presidente tras su reunión con la titular del FMI.
El apoyo a la postura argentina sobre la política de sobrecargos del FMI fue puesto de manifiesto en el punto 33 del documento final, que dice: «Estamos comprometidos a apoyar a todos los países vulnerables para que se recuperen juntos y más fuertes», y asimismo remarca «los compromisos por un monto de US$ 81.600 millones a través de la canalización voluntaria de Derechos Especiales de Giro (DEG) o contribuciones equivalentes».
De esta manera, los líderes del G20 exhortan al compromiso de todos los países capaces de cumplir la ambición global total de US$ 100.000 millones de contribuciones voluntarias para los países en desarrollo.
