Por Laura Olocco. Comunicadora Social 

El 30 de diciembre de 2020 el Congreso sancionó la Ley de interrupción legal (ILE) y voluntaria (IVE) del embarazo, que se promulgó el 14 de enero de 2021 y contempla un modelo mixto de plazos y causales. Reconoce el derecho a la IVE hasta la semana 14 de gestación inclusive, con solo expresar la decisión de abortar, sin tener que explicar motivos.

A partir de la semana 15 de gestación, reconoce el derecho a la interrupción legal del embarazo si es consecuencia de violencia sexual o hay un peligro para la salud o la vida de la persona gestante. Es una ley de orden público, lo que significa que es de aplicación y cumplimiento obligatorio en todo el país, en el sistema público de salud, obras sociales y prepagas que deben garantizarlo de forma gratuita.

La Fundación Mujeres x Mujeres detectó nuevas prácticas en el sistema de salud de Tucumán que obstaculizan el acceso a las interrupciones legales y voluntarias de embarazo (ILE e IVE), por lo que presentó pedidos de información pública a distintas reparticiones del Estado.

Estas prácticas consisten en inducir partos en lugar de garantizar el aborto legal en niñas o adolescentes con gestaciones producto de abuso sexual, lo que se detectó luego de tomar conocimiento sobre la existencia de certificados de “nacidos vivos de ILE” en la provincia e ingresados en el Sistema de Adopción local.

“Frente al pedido de una ILE registrado en la historia clínica, nos encontramos que se desarrolla artificialmente la vida intrauterina y luego en el hospital se provoca el nacimiento, vulnerando la voluntad de niñas y adolescentes. Desconocemos si ellas saben que tuvieron un nacimiento con vida, pero la Suprema Corte de Tucumán nos confirmó la existencia de al menos cinco “nacidos vivos por ILE”, -así los están anotando-, de alrededor de 26 semanas, al borde de la viabilidad fetal, que requieren de largos meses de cuidados en el servicios de Neonatología, con cuadros de parálisis cerebral infantil y otras patologías graves, que luego fueron ingresados en el Sistema de Adopción legal de la provincia”, explicó a la abogada Soledad Deza, presidenta de MxM, en Página/12. “Denegar un aborto legal es un delito, además de que se está incurriendo en violencia contra la libertad reproductiva”, advirtió Deza.

Para que esta trama siniestra pueda echarse a andar se necesitan varios actores estratégicos: un equipo de salud interdisciplinario dispuesto brindar información falsa y a instrumentalizar a su paciente; un abogado o abogada de la Institución con la suficiente crueldad como para participar en consultas sanitarias y encubrir este delito; un Director o Directora de la Institución Hospitalaria capaz de mirar para otro lado mientras el personal a su cargo comete un delito; un Ministro de Salud dispuesto a pervertir de manera macabra una política sanitaria de género vigente; una Dirección de Niñez y Familia (DINAIF) comprometida con la revicitimización cuando las pacientes son niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual y una Defensoría Oficial que avale esta tortura; un Juez o una Jueza que convalide todas y cada una de las violaciones de derechos y las violencias de género; y finalmente, una Iglesia a dónde ir a golpearse el pecho y limpiar la (in)conciencia después de provocar tanto daño.

Aún se espera algún tipo de respuesta oficial a la denuncia efectuada por la Fundación Mujeres x Mujeres. La Maternidad será deseada o no será, es nuestro derecho a decidir y que esta decisión sea respetada, de forma gratuita y en todos los sistemas de salud: público, obras sociales y prepagas.