Por Laura Olocco. Comunicadora Social
Nuestro país tiene una extensa trayectoria en el reconocimiento de derechos de mujeres y LGBTI+ y en el avance de la institucionalidad de género. ONU Mujeres junto al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) destacó a la Argentina como ejemplo local en políticas públicas con perspectiva de género. La legislación conquistada en las últimas décadas, junto a la puesta en marcha de políticas públicas para erradicar las violencias y promover la igualdad por parte del Poder Ejecutivo en todos sus niveles, ubica al Estado argentino en una posición de liderazgo en materia de género y diversidad a nivel mundial.
Esta institucionalidad fue clave para el impulso de leyes fundamentales y políticas públicas que vinieron a reforzar un ya robusto plexo normativo en materia de género, diversidad y derechos humanos. La sanción de las leyes de Interrupción Voluntaria del Embarazo; de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia; de Equidad en Medios; de Cupo Laboral Travesti Trans a nivel nacional y en 9 provincias; el decreto de DNI no binario; las leyes y programas de reparación trans logradas en 4 provincias del país; las leyes y programas de acceso igualitario a la gestión menstrual en 7 provincias; y la conquista de la paridad en cargos de representación en 22 de las 24 jurisdicciones del país, entre otras tantas iniciativas.
Los feminismos impulsaron de modo colectivo la ampliación de marcos de derechos regenerando la agenda democrática y volviéndola vital.
Hoy, frente a la amenaza de la ultraderecha que busca cercenar la salud, los derechos sexuales y reproductivos y la diversidad sexo-genérica, entre otras conquistas, recuperar la tradición democrática de las luchas feministas puede ser un buen antídoto para enfrentarla. Las plataformas electorales que resultaron ganadoras en las últimas PASO refuerzan una narrativa de la austeridad y vuelven a reinstalar la idea de “achicar el Estado” sobre áreas sensibles que ni sus propios votantes avalarían (como la salud y la educación pública).
Javier Milei propone “la eliminación de la obligatoriedad de la ESI en todos los niveles de enseñanza”, “la defensa del derecho a la vida desde la concepción” y la convocatoria a un “plebiscito” que defina el acceso voluntario al aborto.
No parecen importar los derechos en la fórmula compartida con una candidata a vicepresidenta como Victoria Villarruel, negacionista de la dictadura militar, y de los derechos conquistados por los feminismos a lo largo de la historia de nuestro país.
Cuánta desesperanza y hartazgo hay en la población para que siete millones de personas elijan estas propuestas. El mea culpa de toda la clase dirigente debe ser profundo. La Libertad Avanza engaña con su falsa idea de libertad, pero sí es cierto que avanza: supo llegar donde nadie se metió, y ahora muchos derechos conquistados están en riesgo.
¿Estamos ante un callejón sin salida?
No es libertad, es autoritarismo. Y son anti derechos de mujeres y diversidades. En este sentido, lo ilógico sería que por hablar de libertad perdamos libertad y que por disputar futuro retrocedamos al pasado.
