El Gobierno de Javier Milei informó la modificación de la Ley de Identidad de Género para «prohibir los tratamientos de hormonización» en personas menores de 18 años. Además, estas intervenciones dejarán de estar incluidas en el Plan Médico Obligatorio (PMO).

El Gobierno de Javier Milei informó la decisión de modificar la Ley de Identidad de Género para «prohibir los tratamientos de hormonización y las cirugías de adaptación del cuerpo en menores de 18 años». A través de un mensaje grabado por el vocero Manuel Adorni, se apeló al «interés superior del niño» para justificar esta nueva afrenta contra las conquistas de derechos en materia de género.

Más aún, un comunicado de la Oficina del Presidente afirma provocadoramente que de esta manera se pone fin «al abuso infantil apañado en una agenda de género».

«Estas intervenciones a las que se exponen a los niños es un grave riesgo para su salud física y mental, porque implica una interrupción en su proceso de maduración. Esta medida lejos de afectar a un sector en particular, tiene como fin garantizar el interés superior del niño y proteger la integridad física y mental», expresó Adorni, para disimular este nuevo ataque a la comunidad LGBTTTIQ+.

Alejado de cualquier fundamento científico y de estadísticas o fuentes que pudieran certificar sus dichos, el comunicado de la Oficina del Presidente afirma que «los niños no tienen la madurez cognitiva necesaria para tomar decisiones sobre procesos irreversibles que en muchos casos implican la mutilación de órganos saludables, y que son factibles de ocasionar infertilidad, problemas cardiovasculares, y consecuencias catastróficas en su salud mental».

“A partir de ahora, los efectores del sistema público de salud, ya sean estatales, privados o del subsistema de obras sociales, ya no deberán garantizar este tipo de prácticas, por lo que dejarán de estar incluidas en el Plan Médico Obligatorio (PMO)”, ampliaron desde el Ministerio de Salud, según informó el diario La Nación, en referencia a una medida que generará un impacto inimaginable en aquellas personas que requieren estos tratamientos.

En el mismo comunicado, y apelando a la retórica confrontativa con la comunidad LGBT, se afirma expresamente que «en línea con el combate frontal al extremismo de género», se adelanta que el Presidente decretará que «el alojamiento de los detenidos carcelarios se determinará según el sexo registrado en el momento del hecho delictivo, para evitar que cualquiera pueda usar la excusa del cambio de género para pedir un traslado».

Finalmente, el texto también afirma que se instituirá que «ningún hombre que haya solicitado la rectificación de su género antes de cometer un delito podrá ser alojado en cárceles de mujeres si fue condenado por delitos sexuales, trata de personas o crímenes violentos contra mujeres».