Un Grupo de rectores de Universidades públicas, junto a la Confederación General del Trabajo (CGT), se reunieron para la firma de un documento que expresa la inquietante preocupación frente a la actual realidad política, económica y social de nuestro país, y para defender todos juntos la Universidad pública y gratuita, así como también los derechos de todos/as los/las trabajadores/as.

Acompañando la premisa de que las Universidades públicas son instituciones fundamentales para la movilidad e integración social y el desarrollo nacional, el rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Roberto Rovere, y el vicerrector Jorge González, estuvieron presentes y acompañaron con su firma.

Este escrito dado a conocer desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) lleva las firmas de las máximas autoridades de las universidades públicas de Río Cuarto, Arturo Jauretche, Avellaneda, del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Chilecito, Provincial de Córdoba, Autónoma de Entre Ríos, Formosa, Hurlingham, José C. Paz, Jujuy, Lanús, La Pampa, la Rioja, Lomas de Zamora, Misiones, Moreno, del Oeste, de la Patagonia San Juan Bosco, Pedagógica Nacional, Quilmes, Río Negro, San Juan, San Martín, Tecnológica Nacional y Tierra del Fuego.

 

Documento Completo

Hoy los rectores de universidades públicas abajo firmantes y la Confederación General del Trabajo (CGT) nos unimos para expresar nuestra preocupación frente a la actual realidad política, económica y social y defender, juntos, a la Universidad pública y gratuita, así como también los derechos de todos/as los/as trabajadores/as”.

Las universidades nacionales están atravesando serias dificultades económicas y presupuestarias debido a múltiples razones que pueden sintetizarse en el ajuste presupuestario, en el incumplimiento y los retrasos en los giros de los ya exiguos presupuestos y el deterioro de los salarios e ingresos de docentes y no docentes, impidiendo el normal funcionamiento de las universidades.

Las dificultades se agravan en medio de una crisis económica que se expresa de un modo contundente en la microeconomía con los aumentos de tarifas de los servicios públicos, la falta de infraestructura adecuada de transporte, los efectos de la inflación creciente sobre los salarios de los trabajadores, los precios de los insumos y los servicios. Las restricciones a los presupuestos de obra pública en las universidades deterioran notablemente la infraestructura edilicia y repercute negativamente sobre la calidad educativa.

Esta delicada situación atenta contra el normal funcionamiento de nuestras instituciones y pone en peligro la continuación de las actividades de docencia, investigación y extensión, afectando así el derecho a la educación de toda la población. La comunidad universitaria ha realizado un gran número de reclamos al respecto al Ministerio de Educación de la Nación, incluyendo movilizaciones y acciones gremiales. Los rectores abajo firmantes y la Confederación General del Trabajo (CGT) consideramos que las universidades nacionales constituyen una herramienta fundamental en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.

El carácter público y no arancelado de las Universidades, permite que millones de trabajadores/as e hijos/as de trabajadores/as accedan a la educación superior que les es negada mediante innumerables barreras económicas en otros países de la región y el mundo. El sistema universitario público argentino se caracteriza por su calidad y su firme compromiso con la movilidad social ascendente y la democratización del conocimiento. La creación de la Universidad Obrera Nacional, de la cual se están cumpliendo setenta años, es una muestra más de la férrea unión que existe entre la clase trabajadora y el sistema universitario en nuestro país.

Por estas razones entendemos que para contribuir a la igualdad de oportunidades y a la equidad social, se deben continuar y profundizar los programas de apoyo y de fomento del ingreso y permanencia de los/as trabajadores/as y sus hijos/as en las aulas. Para lo cual creemos necesario avanzar en una actualización de los montos de los distintos tipos de becas existentes.

Además, consideramos que para trabajar en pos de una sociedad más justa e igualitaria es preciso apoyar el fortalecimiento de las universidades, para lo cual solicitamos que se protejan los derechos laborales de sus trabajadores/as mediante la formulación de acuerdos de efectivo cumplimiento, tendientes a garantizar la recomposición salarial frente a la creciente inflación, que como mínimo aseguren que no continúe cayendo el poder adquisitivo de sus salarios. Asimismo, creemos fundamental para el correcto funcionamiento educativo, que el Gobierno Nacional garantice las partidas presupuestarias para el ejercicio pleno de todos los derechos incluidos en los Convenios Colectivos de Trabajo del sector docente (Decreto 1246/2015) y no docente (Decreto 366/06).

Las Universidades argentinas son instituciones de gran prestigio en nuestra sociedad y constituyen una pieza fundamental para el desarrollo local, regional y nacional de nuestro país. En cada localidad en la cual están insertas, producen una sinergia fundamental con el conjunto de actores responsables de la producción, el trabajo y los agentes sociales y cooperativos. Su rol indelegable en la formación de trabajadores/as profesionales, técnicos/as y científicos/as resulta estratégico ya que contribuye a elevar las cadenas de valor y a desarrollar la industria.

Las Universidades son, además, ámbitos fundamentales en la formación, promoción y divulgación de las artes, el deporte y de las diversas manifestaciones culturales que forjan la identidad nacional, multiétnica, popular, federal y democrática de la República Argentina. Seguiremos bregando para que la clase dirigente se persuada definitivamente de la importancia que supone mantener en el tiempo las políticas educativas de Estado, dejando en un segundo plano las diferencias de perspectivas de partidos, ideologías o credos, propias de cada Gobierno.

Abrazamos la declaración de la ‘III Conferencia Regional de Educación Superior (CRES) para América Latina y el Caribe’, que a 100 años de la Reforma de 1918 declaró que ‘el acceso, el uso y la democratización del conocimiento es un bien social, colectivo y estratégico, esencial para poder garantizar los derechos humanos básicos e imprescindibles para el buen vivir de nuestros pueblos, la construcción de una ciudadanía plena, la emancipación social y la integración regional solidaria latinoamericana y caribeña’, a la espera de que se normalicen las situaciones arriba descriptas.