Por Sandra Choroszczucha – Politologa y Profesora de la UBA. www.sandrach.com.ar

El juicio que tiene al país en vilo llegó a su veredicto, cinco de los atacantes contra Fernando Báez Sosa fueron condenados a cadena perpetua como participes primarios y tres de los atacantes condenados a 15 años de prisión como participes secundarios. Desde que comenzó el juicio, un factor que pudo haber cambiado el devenir del tristísimo acontecimiento no fue contemplado, y esta no contemplación puede llevar a que en el futuro lloremos por más «Fernandos»en la Argentina.

¿Por qué el boliche y las personas de seguridad (patovicas) que trabajaban ese día solo se lamentan? La opinión pública, los abogados y la Justicia parecen haber casi naturalizado que un boliche y sus patovicas puedan presenciar tamaña agresión (tuvieron que echar a uno de los atacantes recurriendo a dos personas de seguridad por la tamaña resistencia y agresión) sin haber actuado más activamente para evitar que la violencia siga su curso fuera del local bailable, como ocurrió.

Si nos guiamos por los acontecimientos, a los responsables del boliche les pareció pertinente desentenderse de una pelea cargada de agresión una vez que los adolescentes ya quedaron fuera del lugar. Cabe recordar que el personal del establecimiento bailable se encontraba a metros del ataque feroz a Fernando en la calle, que culminó con su muerte. ¿Abogados y jueces miopes? ¿Una sociedad civil que solo presta atención a los conflictos entre privados pero que nada exige cuando se trata de los controles que deben imponerse en ámbitos públicos?

La cruel ofensiva de los ocho atacantes contra Fernando, se trató de un ataque donde se pone el foco en como ocho familias criaron espantosamente a sus hijos, que resultaron siendo tan violentos como para transformarse en asesinos y matar a un joven que fue a bailar a Villa Gesell. Pero lo ocurrido en el ámbito más público, no se cuestiona nada. Los ochos rugbiers violentos estaban dentro de un boliche, que escuchábamos como los abogados admitían que estaba tan repleto de gente, que era difícil discernir si un empujón era un empujón o era un chocarse sin querer contra el otro.

Primer punto ¿la sobrepoblación en lugares donde acuden para divertirse los adolescentes nos parece un detalle menor? Segundo punto, los acusados se quisieron escudar en que habían bebido demasiado alcohol, y esto se comprobó que era mentira y que estaban con sus facultades mentales en condiciones de discernir que estaban hiriendo y matando. Pero si hubiese ocurrido como ocurre tantas veces que los jóvenes consumen alcohol en demasía ¿existe alguna reglamentación para que los boliches vendan alcohol con algún tipo de limitación? ¿Y si existe se cumple? ¿O se controla que no circulen drogas? Tercer punto ya mencionado y determinante ¿nos parece bien que, frente a tanta violencia ocurrida dentro de un boliche, los adultos encargados del lugar, simplemente expulsen a quienes están violentándose y se desentiendan de lo que pueda ocurrir a pocos metros del lugar? Para algunos irrita que nos cuenten que algunos de los patovicas lloraban cuando comenzó el juicio oral.

Cantidad de hijos, nietos, sobrinos siguen acudiendo a boliches bailables, y adolescentes desquiciados y violentos que hieren y matan seguirán existiendo. Y seguirán, ojalá, siendo condenados para pasar largos años en prisión. Lo que podría dejar de existir (y colaboraría para que muchos desquiciados y violentos dejen de asesinar) son los boliches con personal que no protege a los adolescentes cuando aparece un conflicto de envergadura, y que no recurren a un mayor control y cuidado, y solamente se alistan para echar a los violentos junto a los violentados.

Con el homicidio del niño Lucio por parte de su mamá y la pareja de su mamá asesinas, se presentó en el Congreso un proyecto de ley para votar la Ley Lucio, el nombre del chiquito asesinado. Y me pregunto si una Ley Fernando solamente debería contemplar aleccionar a
jóvenes violentos que andan por los boliches. Seguramente pueda aleccionar esta sentencia, pero los violentos que fueron criados como violentos, muchas veces no miden en tiempo real sus desbordes y agresión en medio de la adrenalina de la noche, los tragos, la música y las piñas.

Legislación para que “se pudran en la cárcel” los asesinos de un adolescente tenemos, hay que aplicarla y se aplicó. Aquello que podría muy bien hacer la diferencia es que exista algún tipo de legislación que no existe, para que los dueños y el personal de los boliches estén capacitados para desarticular actos agresivos que escalan, que por ejemplo, tengan la obligación de llamar a la policía para que intervenga si la situación se desmadra, y/o llamar a los familiares de los que se violentan, que exista algún tipo de protocolo que no consista solamente en expulsar a los agresores y que continúe la hostilidad a metros del lugar.

Los ocho asesinos a prisión, es lo justo.
Fernando muerto, es dramático.
Y puntos oscuros en relación a los boliches, a establecimientos que frecuentan nuestros
adolescentes cada fin de semana, nos deberían interpelar.