La Corte dejó este jueves firmes las condenas por las explosiones de la fábrica militar de Río Tercero ocurrida en noviembre de 1995 que dejó un saldo de siete muertes, 300 heridos y decenas de casas destruidas,  y fue como consecuencia de la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia. Se rechazó los recursos de los oficiales retirados del Ejercito condenados a 10 y 13 años de prisión y confirmó que fue una maniobra para ocultar la venta de armas a Croacia y Ecuador durante el Gobierno de Menem.

De esta manera, ratificó las condenas contra tres militares retirados sentenciados a 13 y 10 años de prisión. Con este fallo, quedó confirmada la certeza judicial de que se trató de “un atentado explosivo intencional que tuvo como objetivo borrar pruebas de la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador durante el gobierno de Carlos Menem.

Los condenados son el entonces director de la Fábrica Militar Jorge Antonio Cornejo Torino, el director de Producción Carlos Franke y el entonces director de Coordinación Empresaria Edberto Gónzalez de la Vega, que recibieron 13 años de prisión; y Marcelo Gatto, entonces jefe de Producción Mecánica, que recibió 10 años. Fueron encontrados responsables del delito de estrago doloso seguido de muerte.

El máximo Tribunal rechazó por unanimidad los recursos deducidos por las defensas de Cornejo Torino, Gatto y González de la Vega. Con los votos de Elena Highton, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, también rechazó el recurso deducido por la defensa de Franke.

Esta decisión dejó firme la sentencia del 19 de diciembre de 2017 que habían firmado los jueces de la Sala III de la Cámara de Casación, Alejandro Slokar, Angela Ledesma y Gustavo Hornos, que había confirmado las condenas, según publicó La Nación.

Fue intencional

Los camaristas señalaron en ese fallo, que ahora quedó firme, que el incendio fue intencional y programado y que, además, fue colocado un artefacto que hizo que el fuego se expandiera por la fábrica, que quedó prácticamente destruida y fue imposible apagar las llamas.

Los jueces dijeron que el atentado buscó justificar la faltante de armas producida a partir del envío en secreto de armas a Ecuador y Croacia ocurrido en la presidencia de Carlos Menem.