Universidad. Lo dijo la jurista Marysel Segovia, integrante del Colectivo Cordobés por los Derechos de Niñas, Niños y Jóvenes, quien disertó en la Universidad.
“Los institutos privados con chicos institucionalizados no deberían existir más”, afirmó la docente, que se opone a la baja de la edad de imputabilidad, pero considera necesaria una ley penal para adolescentes en conflicto, que determine un procedimiento a seguir, de acuerdo con los principios del sistema penal y las garantías procesales
“Los Derechos en la Infancia” fue el eje del debate del que participaron unas 400 personas, que tuvo lugar este viernes en la Universidad Nacional de Río Cuarto, con la disertación de la jurista Marysel Segovia, integrante del Colectivo Cordobés por los Derechos de Niñas, Niños y Jóvenes.
Incluyó el abordaje del marco legal vigente en los derechos de niños y adolescentes; la nueva mirada de la niñez y la juventud como sujetos de derechos protagonistas; nuevos roles de la familia, el Estado y la sociedad civil; sistema de protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, según el marco legal de la Ley Nacional 26061 y de la Ley provincial 9944; y Derechos de los niños, niñas y adolescentes al buen trato y a una vida sin violencia.
Las deliberaciones se llevaron a cabo en el marco de las terceras Jornadas de Formación de Agentes Territoriales; Herramientas para la reflexión y acción en el trabajo territorial para el abordaje de problemáticas de familia, infancias y adolescencias, que se concretaron en el aula mayor del campus, organizadas por el Observatorio de Derechos Humanos y el Consejo Social de esta casa de estudios, en conjunto con la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, y la Secretaría de Educación y Culto de la Municipalidad de Río Cuarto.
Marysel Segovia es abogada y docente universitaria, participa del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba y ha asesorado a varios municipios de la provincia respecto del sistema de protección integral de derechos del niño, intervenciones y articulaciones con áreas provinciales y judiciales