Por Fidel Ontivero.

En Diputados esta semana comenzará a tratarse una serie de proyectos sobre la baja de edad de punibilidad, que fuese uno de los ejes del discurso presidencial. No hay una única propuesta y se espera un debate denso, donde pueden aparecer distintos acuerdos para encontrar una redacción que conforme una mayoría legislativa.

En el Senado, la negociación principal pasa por la definición de los dos miembros de la Corte Suprema que el Milei decidió poner por decreto. El número mágico a conseguir por los opositores es 24 (un tercio del pleno), cantidad de senadores que rechacen la aprobación de los pliegos y echen atrás las designaciones de Milei.

La actividad parlamentaria se irá mezclando con el desandar el calendario electoral de las provincias, veremos con seguridad que a partir de mayo la actividad merme o se empiece a dificultar por el desarrollo de las elecciones provinciales. Santa Fe inaugura el 13 de abril con su llamado a elección para convencionales constituyentes, aunque también habrá elección PASO provincial para elegir concejales e intendentes en algunas comunas.
Las provincias de Chaco, Jujuy, Salta y San Luis llamarán a las urnas el 11 de mayo. El 18 de ese mismo mes lo hará la Ciudad de Buenos Aires para elegir legisladores porteños. Para el 8 de junio lo hará Misiones y el 29 de ese mismo mes habrá elecciones generales en Santa Fe. En todos los casos son elecciones para legisladores provinciales.

Quedan aún 10 provincias por definir fecha de elecciones provinciales. Además, habrá dos elecciones a gobernador en Corrientes y Santiago del Estero, ambas sin resolver la fecha de la contienda electoral.

Volviendo a los entretelones del Palacio Legislativo, veremos que pasa con el acuerdo con el FMI. Otros de los temas que generaron estruendo tras el paso del Presidente Milei, pero del cual no se conoce más que por trascendidos periodísticos. No cayó para nada bien el anuncio que será enviado luego de ser publicado por un DNU. Para muchos legisladores, aún algunos los cercanos al diálogo con el gobierno, una falta de respeto y apego a las leyes. La Constitución Nacional y la Ley 27.612 de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública establecen sin dobleces que cualquier acuerdo con el FMI debe ser aprobado por el Congreso.