El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) aprobado en la «ley bases» es la llave con la que el gobierno busca ingreso de dólares. Se trata de un punto polémico por las concesiones a compañías extranjeras.

De la ley ómnibus de 600 artículos presentada por el gobierno durante el verano, la cámara Alta terminó aprobando 238 de ellos, no exentos de cambios. Las modificaciones sobre el texto original son varias, por caso de las 41 empresas públicas pasibles a ser privatizadas, en parte o en totalidad, solo quedaron 8.

El punto más determinante sobre la actividad está en el capítulo sobre el régimen especial para atraer inversiones que tuvo diferentes adecuaciones desde su presentación original hasta hoy. Tal es así que el día de la votación la palabra “Rigi” resonó en las redes, siendo una de las tendencias de búsqueda en el país. Con él el gobierno busca regar de divisas al actual mandato, pero podría cortarse en los próximos. Es posiblemente el capítulo más polémico de la ley.

Los regímenes de excepción no son una novedad en el país
Argentina tiene algunas experiencias sobre regímenes especiales para la atracción de inversiones extranjeras. Algunas recientes, otras no tanto. Posiblemente una de las más resonantes se celebró durante el segundo mandato de Perón en 1955, con la petrolera californiana Standard Oil. También durante el tercer gobierno kirchnerista se firmó un acuerdo con Chevrón en donde se fijaban diferentes ventajas, estímulos y exenciones para la explotación de Vaca Muerta.

En los dos casos señalados las causas de la firma de convenios especiales fueron las mismas: la restricción externa. Entiéndase por esto faltante de dólares producto del aumento de importaciones que demandaba el crecimiento de la actividad. Además de tener que lidiar con los ocasos productivos, tras años de crecimiento acelerado, los dos contratos especiales comparten la realidad de operar sobre un sector poco desarrollado.

En efecto, teniendo el país los recursos naturales demandados por el mundo y no los dólares necesarios para el funcionamiento de la economía, ni las divisas que demanda la explotación del sector hidrocarburífero, es razonable que se pacten acuerdos específicos con diferentes privilegios. Más aún cuando el país no logra el autoabastecimiento energético con lo que eso significa en materia de importación energética y pérdida de competitividad para el sector productivo. Ahora bien, el régimen especial en materia de impuestos y otros beneficios otorgados tanto a Standard Oil como a Chevrón obligaba a las compañías a cumplir metas productivas.

En busca de dólares
Asimismo, el objetivo de los contratos especiales fue en los dos casos el mismo: la acumulación de reservas por parte del Banco Central para poder revertir el problema estructural de la falta de dólares. Vale destacar que los dos contratos tuvieron inconvenientes en su cumplimiento. El del peronismo cayó junto al gobierno con el golpe de septiembre de 1955. Mientras que el de Chevrón, hoy vigente, tuvo alguna escaramuza judicial. Situaciones, junto a otras tantas, que sientan malos precedentes de cara a próximas inversiones extranjeras en el país.

Es con esta excusa que el gobierno anarco libertario propone hoy más exenciones de las que pide el inversor extranjero, inclusive, para estimular las inversiones. Esto hace que el régimen para atraer inversión sea de los más permisivos de la historia. El articulado que pronto se estará aplicando baja impuesto a las ganancias, también transferencia de dividendos y retenciones a toda inversión que supere los u$s200 millones.

En la minería creen que el Rigi no es suficiente para nuevas explotaciones
La posibilidad de que las compañías puedan importar sin arancel enciende las alarmas de parte del sector productivo local que se ve desplazado del eventual efecto derrame de las inversiones. Si bien, en el senado se aprobó un articulado que menciona la participación de proveedores locales, el mismo es laxo y no garantiza su desarrollo.

Sin embargo, al interior del sector minero consideran que si hay inversiones también se estimula a la cadena de valor local. El vicepresidente de la cámara minera cordobesa, Hernán Soneyro, comentó a La Nueva Mañana que las explotaciones de litio actuales en Jujuy tienen un 70% de proveedores nacionales. Si bien la ley apunta indirectamente a proyectos mineros de cobre y litio, principalmente, las mineras cordobesas de áridos podrían beneficiarse indirectamente con el destrabe de fondos nacionales para obra pública local una vez aprobada la ley.

Si bien la minería metalífera está poco desarrollada en el país y se estima que necesitaría una inversión de varios miles de millones de dólares para que los recursos se exploten en pleno, la ley no sería atractiva para nuevas explotaciones, entienden puertas adentro del sector. Sí, para las ya existentes. Para el vicepresidente de la cámara, la extensión de algunos beneficios es menor a los años que requiere una nueva inversión minera para ver sus frutos. Además, la suba de las regalías mineras tampoco es un aliciente para el sector.

Los blindajes cambiarios amenazan una eventual acumulación de reservas
Pero el punto más polémico de la Ley tiene que ver con el aspecto cambiario. Toda inversión realizada en los nueve sectores especificados por la ley (petróleo, gas, siderurgia, turismo, energía, tecnología, forestal y minería) queda eximida de liquidar los dólares de las exportaciones en el mercado único y libre de cambios a partir del cuarto año. Lo cual significa que el desarrollo del sector petrolero, minero o energético no contribuirá a la acumulación de reservas.

La ley sancionada no exige compromiso alguno a las compañías, a diferencia de los regímenes existentes. Tanto en el caso de Chevrón como en el proyecto de ley de régimen especial para el gas natural licuado presentado durante el gobierno anterior (que tiene media sanción de diputados), las compañías deben cumplir objetivos productivos para gozar de los beneficios. Este último exigía un compromiso de inversión cinco veces mayor al de la ley aprobada por el senado con una producción mínima de un millón de toneladas anuales de gas.

En suma, los regímenes especiales ya vigentes, como así también los existentes en otros países de la región (Chile, Colombia o incluso los Estados Unidos) legislan sobre un sector determinado, de acuerdo a las particularidades del mismo. Contrariamente, una ley general como la aprobada muestra a las claras la vocación desreguladora del anarco libertarismo más que la búsqueda del desarrollo productivo.

Fuente: La Nueva Mañana