Por Gustavo Román. Director Propietario La Ribera Multimedio 

Es el tema que nos atraviesa a todos de manera transversal. Ocupa la atención de cada familia, institución y entidad. Modifica y condiciona proyectos, realidades laborales y estilos de vida. Items de una organización que obliga a replantear funcionalidades operativas, y por ende, condiciona los proyectos con los que se inició el año.

Está claro que este gobierno mintió, engañó y disimuló sus intenciones. Camuflo su genuina idea de avanzar en contra de derechos adquiridos y tiene como único fin avasallar con un sistema que contiene, brinda garantías y da cobijo a un pueblo que demanda un estado presente.

Con el cuento de la regulación del mercado por sí mismo, con la libre competencia y la libertad de empresas (siempre en mano de un puñado de familias), el perjuicio de las medidas arrasa con la funcionalidad de un país tan disperso como diverso en sus potencialidades.

Las producciones de las economías regionales fueron devastadas por las medidas de un gobierno que no conoce el país en toda su dimensión. Milei no conoce sus realidades y sus problemáticas. Ni para hacer turismo viajo al territorio profundo de Argentina. Su porteño centrismo es alarmante y lógico, si no le importa lo que sucede más allá de la General Paz.

En Córdoba, una provincia que bien podría ser un país en cualquier continente, el daño de las medidas de ajuste y aumento de servicios, arrasa con el mismo daño a empresarios, comerciantes, instituciones, entidades y familias. A los aumentos de combustible, alimentos e insumos, debemos sumarle los de los servicios públicos, que en la mayoría de los casos están en manos de Cooperativas.

Es inminente el cierre de cientos de comercios de mediana y pequeña escala. Aquellos de cercanía en los barrios y en las localidades pequeñas, que se ven impedidas de abonar las facturas que están recibiendo por los servicios, en particular los de energía. Eso genera un quiebre en el funcionamiento del tejido comercial y social de comunidades pequeñas y medianas. Y sus consecuencias serán nefastas para cientos de familias.

Estamos mencionando aspectos esenciales de un plan sistemático de aniquilación de las economías regionales de un gobierno que tiene por único objetivo arrasar con la calidad de vida de millones de argentinos. Con el cuento de la casta política, estamos retrocediendo un siglo de nuestra historia. Esa es su única intención, volver a un modelo empobrecedor y sin derechos para las mayorías, donde todos deben ser pobres y el poder económico esté en manos de un puñado de familias.

Arrasan con todos nuestros derechos. A la salud, a la educación, a tener una calidad de vida digna, a los derechos laborales, sociales y culturales. En este despertar social que estamos evidenciando, muchos ciudadanos enojados y equivocados, están revisando sus propias realidades y comprendiendo que como consecuencia de esa actitud se ven absolutamente perjudicados. Y empiezan a reaccionar en defensa propia. Bienvenido ese despertar.

Todavía no mencionamos en este artículo, el daño mayor que nos está ocasionando este desgobierno desquiciado en manos de brutos ignorantes y perversos. El costo de los alimentos, prioridad absoluta en el desarrollo cotidiano de nuestra existencia. Son unos inmorales los gobernantes de turno, como así también los formadores de precios y los monopolios alimenticios que manejan el sector sin controles ni competencias.

Con el alimento no se especula, con el hambre no se juega. Y en la actualidad, esa es la primera consecuencia con la que nos encontramos, la imposibilidad de acceso a una canasta alimentaria básica y esencial para las familias más humildes, pero que también empiezan a impactar en aquellas que son de clase media.

La perversidad de este modelo económico no puede ser disimulada. Rechazamos y repudiamos todas las acciones de esta gestión, en materia económica, social y comunicacional. Estamos en manos de un presidente que no reúne las condiciones esenciales y emocionales para estar al frente del poder ejecutivo nacional.

La ciudadanía está pagando un precio altísimo por la mala decisión electoral, pero el sistema democrático sólido e inteligente que se ha planteado, nos brinda las herramientas apropiadas para depurar y corregir las pésimas decisiones gubernamentales.

Estamos en manos de la responsabilidad política de un Congreso nacional que debe demandar de nuestros representantes que honren el mandato institucional que le hemos conferido y actúen en defensa de los intereses de la ciudadanía que representan. Deben poner límite institucional al desquicio de un gobierno que no está a la altura institucional de conducir los destinos de nuestra nación.