El Gobierno nacional dispuso que se dará preferencia a las empresas que cuenten con un mínimo del 5 por ciento de su planta conformada por trabajadores inscriptos en el programa «Puentes de Empleo».

El Gobierno nacional dispuso este viernes, entre una serie de medidas tendientes a promover la reconversión de planes sociales en empleo genuino y con ese objetivo dispuso que el 30 por ciento de la obra pública nacional será otorgada mediante los mecanismos habituales de contratación previstos por el Estado, a cooperativas de la economía popular.

Además, estableció que en los procesos licitatorios se dará preferencia a las empresas oferentes que cuenten con un mínimo del 5 por ciento de su planta conformada por trabajadores enmarcados en el programa «Puentes de Empleo» y dio un plazo de 60 días para la designación de los representantes de los diferentes sectores que componen el llamado Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario.

Así lo hizo mediante el decreto 728/2022 publicado en el Boletín Oficial, que lleva la firma del presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Juan Manzur; y los ministros de Economía, Sergio Massa; de Desarrollo Social; Victoria Tolosa Paz, de Trabajo, Raquel Kismer de Olmos; y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.

El Ejecutivo convocó a las organizaciones inscriptas en el Registro de Asociaciones de Trabajadores de la Economía Popular y de Subsistencia Básica a designar los y las representantes que integrarán el referido Consejo y los encomienda a promover una «Agenda para la institucionalización y el Desarrollo de la Economía Popular» para lograr «el fortalecimiento productivo, la formalización de los trabajadores y las trabajadoras y el fomento del acceso al crédito y del compre estatal para los emprendimientos de la economía popular».

La medida, según los fundamentos de la normativa, también promueve en favor de las Cooperativas de Trabajo de la Economía Popular el otorgamiento del 30% de la Obra Pública Nacional bajo la modalidad de contratación que corresponda, en la realización de obras de hasta $ 300.000.000, monto que será actualizado conforme lo disponga la autoridad de aplicación, y tomando como indicativas las especialidades de dichas Cooperativas.

En todos los casos la obra se realizará bajo la modalidad de contratación que corresponda.

La Oficina Nacional de Contrataciones tendrá que incorporar en los pliegos de bases y condiciones generales un margen de preferencia para los oferentes en cuya nómina se acredite un mínimo del 5 % de trabajadores vinculados o trabajadoras vinculadas al Programa «Puente al Empleo».

También dispone que a partir de la entrada en vigencia del presente decreto no podrá ampliarse el número de titulares de los siguientes programas: Programa Nacional de Inclusión Socio Productiva y Desarrollo Local «Potenciar Trabajo», «Potenciar Inclusión Joven», «Nexo» y «Plus Esencial».

Por su parte, la ministra Tolosa Paz sostuvo este viernes que el «techo» establecido sobre las nuevas altas para los programas Potenciar Trabajo, Potenciar Inclusión Joven, Nexo y Plus Esencial apunta a garantizar «el sueño de producir bienes y servicios desde la economía popular».

«Nos imponemos y autoimponemos un techo a seguir incorporando altas. Esto quiere decir que el Ministerio va a trabajar con el 1.350.000 del Potenciar Trabajo para poder garantizarles la búsqueda del capital, las máquinas y las líneas de producción. Sin las herramientas ni la tecnología para producir, se trunca el sueño de confeccionar bienes y servicios desde la economía popular», expresó Tolosa Paz en declaraciones a la radio online Futurock.

Fuente gubernamentales indicaron que el ahorro que eventualmente se produzca será destinado a las unidades de gestión productiva, exclusivamente para la adquisición de bienes de capital, ello en el marco de la normativa que rige los programas que prevén transferencias para dichos fines y de la que dicte la autoridad competente para su debida implementación.

«Llegó el momento de repensar esta política pública» ya que, «si todo el presupuesto del Ministerio se destina únicamente al Potenciar Trabajo, queda muy limitada la posibilidad de expandir las barreras de lo que se produce», apuntó la ministra de Desarrollo Social.

Y, agregó: «En función de los ahorros que se van haciendo mes a mes por la bajas, esas mermas las transferimos ya no a pagar 27 mil pesos del programa sino a la compra de asignación de recursos para máquinas y herramientas».

La ministra de Trabajo, Raquel «Kelly» Olmos, aseguró que «no hay una reducción del gasto sino un cambio de sentido», al referirse al decreto firmado por el presidente Alberto Fernández y señaló que «es parte de un proceso que busca transformar el sistema de asistencia social para que los trabajadores adquieran cada vez más derechos».

En declaraciones a radio Provincia, Olmos sostuvo que con esta iniciativa «se pone un límite a la incorporación de nuevos beneficiarios, pero no con el objetivo de reducir gastos». «La intención es que, con todo lo que se ahorre, se entreguen herramientas y bienes de capital a las unidades ejecutoras. Se pasa del gasto corriente al gasto de capital para las unidades ejecutoras. No hay una reducción del gasto sino un cambio de sentido, transformándolo en inversión y fortalecimiento de las unidades ejecutoras», precisó.

El subsecretario de Políticas de Integración y Formación, Daniel Menéndez, consideró que las medidas establecidas por el Gobierno tienen un «sesgo productivista» al promover la reconversión de planes sociales en empleo genuino y buscan sacar «de la orbita asistencial» a las políticas sociales.

«Son medidas que le dan ese sesgo productivista a la política social y la sacan de la orbita asistencial que en una Argentina golpeada por el endeudamiento, la pandemia y el proceso inflacionario no deja de ser una necesidad estructural «, expresó el referente de la organización Somos Barrios de Pie en declaraciones a radio 10.