La condición neoliberal de la salud en la ciudad. El (des) financiamiento Municipal frente al COVID-19. Por Julia Pereyra. Vocal del Tribunal de Cuentas por el Partido Respeto de la ciudad de Río Cuarto

El Municipio de Río Cuarto gasta tres veces más en servicios de la deuda que en salud. En estos últimos meses no se planificó ni se dispusieron los recursos estatales suficientes para preparar el sistema de salud ante la emergencia derivada del COVID-19. Por el contrario, el análisis presupuestario municipal permite ver que el porcentaje mayoritario del dinero público se sigue destinando al pago de deuda, a los servicios públicos privatizados (COTRECO, Autotrol y sistema dembulacias en la vía pública) y a las contratistas de la obra pública, que amplían plazos de obra de manera infundada para reajustar precios y cobrarle millones a un Municipio que termina subsidiando a las empresas sus costos operativos.

A comienzo de año denunciamos el aumento del 140 % en la partida destinada a la deuda y el incremento de sólo del 50% en salud respecto al 2019. Crecieron en un 80% las partidas destinadas al pago de empresas privadas a cargo de servicios públicos y en un 100% las partidas destinadas a publicidad.

Casi al mismo tiempo en que se incrementaron los contagios por COVID-19, la Secretaría de Economía comenzó a girar al sistema financiero U$D 70.000 mensuales (más de 5 millones de pesos) sólo en concepto de intereses por una reestructuración de la deuda en dólares que hoy se lleva más del 15% del presupuesto municipal.

En paralelo, el Municipio ajustó a lxs trabajadorxs municipales, quienes perdieron 30 puntos de su salario y se continúa precarizando mediante contratos temporarios con sueldos ínfimos a lxs profesionales, mayoritariamente mujeres, que se desempeñan en salud comunitaria, trabajo social, abordaje de casos de abusos en niñez y en violencia de género.

El desfinanciamiento del área de salud y la carencia de planificación por parte de esta gestión, se evidencia con claridad en la falta de personal médico, lo que obligó a enviar a lxs trabajadorxs de educación, de control ciudadano y de “cooperativas” municipales, también precarizadxs, al frente de las tareas de sanidad. A esto le podemos sumar la inhabilitación de los centros de aislamientos para enfermos de COVID-19, que siguen cerrados por falta de médicxs, enfermerxs e infrestructura médica.

Si en lugar transferir estas partidas millonarias al sector privado se hubiese invertido en la gestión municipal de servicios con valor agregado y en propuestas de trabajo digno, hoy no estaríamos ante la profundización de la desigualdad social existente, con más de las 58 mil personas en situación de pobreza que intentan enfrentar sin recursos el aislamiento preventivo y obligatorio.

Estos pocos datos generales deja clara la vinculación entre el sistema de salud y la gestión neoliberal del municipio. Pese a la falacia de acudir al juego perverso del sistema financiero y a los servicios privados como respuesta a los problemas de la “ineficiencia” de lo público en general y de la atención de la salud en particular, el Municipio terceriza también la atención de ambulancias en la vía pública y el servicio de seguimiento domiciliario de enfermos por COVID-19 sin coordinación entre clínicas privadas, hospital, dispensarios y refuerzos provinciales.

Los cuatro años de subordinación del aparato público al financiero-privado y de transferencia de recursos a los sectores más concentrados ha provocado la descapitalización de las arcas municipales y ha acrecentado el pasivo que hoy alcanza los 292 millones de pesos (déficit al 30/06/2020).

No es una opinión personal, son datos objetivos que surgen del trabajo de control, fiscalización y análisis de los gastos del Municipio que realizamos con el equipo de Respeto en el Tribunal de Cuentas y que como funcionaria de ese Órgano de Control tengo la responsabilidad de hacer público.

Tampoco es una lectura crítica que queda a la espera, siempre cómoda, de soluciones. Por el contrario, en el preciso momento en que escribo esto, mis compañerxs del Partido Respeto están llevando alimentos a los comedores, construyendo o arreglando viviendas precarias, resolviendo qué hacer con la higiene urbana, ideando un sistema de transporte para la ciudad, acompañando a mujeres en situación de violencia y sosteniendo una cooperativa que genera trabajo y alimentos sin venenos.

El gobierno municipal es quien tiene los recursos de la gente. Cómo y en qué se gasta ese dinero público debe ser decisión de la ciudadanía, lo mismo que el control sobre su ejecución. Es urgente encontrar mecanismos para que el presupuesto anual se defina y ejecute de manera participativa, al tiempo que se planifican de manera colectiva Políticas Públicas capaces de trasgredir la lógica empresarial imperante y construir un Municipio del cuidado, abierto y horizontal.