Por Florencia Guttlein. Comunicadora Social.
Según un informe del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (Cipdh) de la Unesco, el 80% de la población en la Argentina tiene acceso a Internet. Posicionando al país en primer lugar en cuanto a conectividad en la región. En lo que respecta a conexión, el informe detalla que “existen serias dificultades en la calidad de los servicios prestados por las operadoras”. El desafío de regular a los prestadores públicos y privados y de acortar la brecha digital.
Si bien nuestro país ocupa un lugar importante en términos de conectividad, aún hay sectores que no cuentan con conexión fija y/o móvil. Principalmente en zonas rurales o en comunidades que se encuentran alejadas de la urbanización, dificultando el acceso a Internet y, de esta manera, acrecentando la brecha digital.
Desde el Estado ha puesto en marcha diferentes programas de conectividad, a través del ENACOM, donde se invertirán más de 10 mil millones de pesos del Fondo Fiduciario del Servicio Universal (FFSU) para el desarrollo de redes. Además, decretó que Internet es un servicio público esencial en competencia. Aun así el Gobierno Nacional ya autorizó dos aumentos de 9,5% cada uno en lo que va del 2022.
El acceso a Internet es un derecho humano y como tal, no solo se debe garantizar su acceso, sino también el equipamiento necesario, la calidad de servicio y que sea económicamente accesible. Defender este derecho y hacerlo cumplir es nuestro rol, para bregar por una sociedad más democrática y con igualdad de oportunidades para todxs.
