El juez federal Daniel Rafecas disertó en la Universidad Nacional de Río Cuarto sobre «Los juicios de lesa humanidad en Argentina desde una perspectiva regional y universal», marco en el cual sostuvo que “El 24 de marzo del ’76 se puso en marcha en nuestro país un proceso de solución final”, tras que ensayaran varias estrategias fallidas en contra de la izquierda.
La conferencia fue organizada por el Observatorio de Derechos Humanos de la UNRC y tuvo lugar en el aula magna de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, colmada de público, marco en el que este reconocido visitante presentó su libro «El crimen de tortura en el Estado autoritario y en el Estado de Derecho».
En el inicio de su disertación, dijo: “Durante las sucesivas dictaduras que tuvimos en nuestro país fueron ensayando distintas estrategias desde el poder para lidiar con el enfrentamiento y la acción de la izquierda en nuestro país”.
“En este sentido, hay una larga lista de estrategias puestas en marcha, que incluyó la introducción de delitos de corte político, como fue en su momento la asociación ilícita o delitos que atacaban directamente a los sectores opositores; leyes especiales; planes integrales de persecución de estos sectores de la izquierda, como el plan Conintes (Conmoción Interna del Estado), la creación de juzgados especiales para perseguir, juzgar y condenar a imputados por razones políticas, como fue la creación de una cámara federal especial en la ciudad de Buenos Aires conocida como el Camarón (Cámara Federal en lo Penal de la Nación, tribunal especial creado por la dictadura de Agustín Lanusse), la instauración de la pena de muerte como una más en el catálogo de penas previstas en la ley argentina y, por supuesto, la creación de bandas paramilitares, como son la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), el Comando Libertadores de América (escuadrón de la muerte conducido por oficiales del Ejército Argentino, creado y dirigido por María Estela Martínez de Perón); con el claro auxilio del Estado, que solventaba los gastos, les daba toda la logística, las zonas liberadas y las listas de los objetivos a ajusticiar”, sostuvo el magistrado.
Sin embargo, este docente universitario de la UBA y de la Universidad de Rosario, remarcó que como eso no funcionó, fueron más. Afirmó: “A medida que iban pasando los años, se daban cuentas que ninguna de esas estrategias para lidiar el ‘problema de la insurgencia de izquierda’ desde la perspectiva del poder, funcionó; y el 24 de marzo del ’76 se puso en marcha en nuestro país un proceso de solución final de este problema”.
“Esa es la impresión que yo tengo de los 14 años de haber trabajado estos casos, de haber estudiado, lo cual está plasmado en el libro, en cuanto a la profundidad y la gravedad de lo que fue el terrorismo de Estado en la Argentina a partir del 24 de marzo”.
Subrayó: “La voluntad última de las elites dominantes en nuestro país fue la de instalar un proceso de solución final, que significó el exterminio físico, de una vez y para siempre, de todos los integrantes de las organizaciones armadas, de izquierda, de los grupos simpatizantes, de las organizaciones de superficie, de los conocidos políticos que los apoyaban, de los intelectuales que simpatizaban o interactúaban con esas organizaciones, de los colectivos gremiales que con su estilo combativo y su postura de defensa de los trabajadores también fueron ubicados en esos espacios; las agrupaciones estudiantiles que representaban a los estudiantes en las universidades públicas y los colegios secundarios”.
“Los hijos de represores se están pasando a la vereda de la verdad”
El disertante señaló que la verdadera reparación histórica llegó con los juicios y las condenas, a la vez que destacó el accionar de los hijos adoptivos de represores que se animan a “acercarse a la verdad”.
En este sentido puntualizó: “El nivel de profundidad que hay en este asunto en la Argentina es importante. Estamos logrando que hijos e hijas de represores comiencen a romper los fortísimos lazos familiares y a pasarse a la vereda de la verdad. Es un fenómeno que no nos esperábamos. Todos los activista y operadores que trabajamos en estos casos estamos fascinados”.
“Por supuesto, los apoyamos y esperamos que sean muchos más”, dijo Rafecas. Y siguió: “Yo los recibí ahora en febrero en mi despacho y es increíble cómo cuentan las historias desde adentro. Hay que imaginarse el proceso durísimo que han tenido que transitar para lograr salir de esa cárcel, en términos de mentiras y falsedades impuestas desde la niñez”.
Detenciones domiciliarias de represores
Sobre la lista del Servicio Penitenciario Federal con informes técnicos respecto de represores presos en condiciones de obtener el arresto domiciliario, el juez federal Daniel Rafecas dijo: “Los procesos siguen adelante sin mayores dificultades, sin mayores obstáculos, más o menos en las mismas condiciones que se estaban llevando a cabo hace tres o cuatro años, con los mismos jueces, los mismos tribunales, las mismas leyes. Esto no ha cambiado en nada. En mi caso personal yo sigo trabajando como siempre, con el mismo personal y con el mismo ímpetu y avanzando también con detenciones, con procesamientos y con elevaciones a juicio”.
Y acotó: “La perspectiva es que esto va a seguir así porque tiene un fuerte apoyo de la Cámara Federal de Casación Penal y de la Corte Suprema, que es en definitiva lo que importa”.
“Esta cuestión de las detenciones domiciliarias, de las que se está hablando ahora, tiene mucho de mediático y poco de real, porque desde el punto de vista real los que tenemos la decisión de dar las detenciones domiciliarias somos los jueces. Los jueces aplicamos la ley. Y la ley es muy estricta y muy excepcional en ese sentido. Por lo tanto, que un organismo del Poder Ejecutivo haya elaborado una lista no modifica esto en nada. No tiene ningún impacto real en cómo van marchando estos procesos”, remarcó el magistrado.
Fuente: Dirección de prensa y difusión – Universidad Nacional de Río Cuarto.
