Por Gustavo Román. Director de La Ribera Multimedio

En este último encuentro que tendremos, vamos a referirnos a una situación que nos avergüenza y condenamos con todas nuestras herramientas periodísticas. Ante todo queremos dejar claramente reflejada nuestra coherencia y nuestra forma de ejercer la profesión.

La condena a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que surge de una causa que ya había sido cerrada con anterioridad en los tribunales de Santa Cruz, llega a reabrirse en el medio de polémicas muy fuertes en lo que se refiere a la sustancia de la misma. Ese tribunal que llevó adelante la causa, absolvió a Julio De Vido, ex ministro de Planificación; absolvió a Abel Fatala que era el Subsecretario de Obras Públicas y a Héctor Garro que era el titular de Vialidad Nacional. No se entiende que la figura de Asociación Ilícita pueda aplicarse si la organización administrativa y política del área es absuelta.

Las pruebas que presento el Fiscal Diego Luciani no son tales. No existe elemento para que pueda certificarse la figura de Asociación Ilícita que amerite una condena en base a pruebas, porque pruebas son las que deben presentarse para acusar a un funcionario.

Todos los que tenemos una instrucción elemental, sabemos fehacientemente que un Presidente de la Nación no administra recursos ni determina pagos para la realización de una obra pública. Nunca en ningún caso. No sucedió ni con Raúl Alfonsín, ni con Mauricio Macri ni con ningún otro. El fiscal en su largo y mediático alegato, entendió (sin pruebas claro está) que en Santa Cruz hubo una organización perfecta para robar. Sin embargo no presentó ninguna prueba sobre el manejo de los fondos o la propia determinación de la contratación de una empresa “amiga” para realizar obra pública en una provincia.

Esta causa y su proceso se cae por su propio peso, se trata de una aberración jurídica, un show mediático y un manoseo de la justicia que avergüenza; pero lo que es peor aun, pone en riesgo el funcionamiento de las instituciones democráticas, avasalla derechos y se transforma en un riesgo a las libertades individuales.

El proceso tendrá una continuidad el año entrante, conoceremos entonces los argumentos de la condena que será apelada, obviamente. Y entonces podremos comprobar que todo el procedimiento esta plagado de irregularidades, sin argumentos contundentes de prueba y con escaso rigor procesal.

La justicia no debe sostenerse en una cuestión de fé o en un argumento de “me parece”, como argumento el fiscal que además de transformarse en una figura mediática efímera, rifó cualquier futuro responsable en una carrera judicial basada en una imagen consagrada a la defensa irrestricta de la justicia. Eligio mal y seguramente pagará las consecuencias en un plazo no muy lejano. De la estupidez y la irresponsabilidad es muy difícil regresar.

Lo que sucedió con esta causa impide cualquier posibilidad de análisis serio. Es un despropósito y una verdadera tomada de pelo al sentido común, hay que respetar el debido proceso siempre, no se puede jugar con el ejercicio de la justicia.

No existe en el país ni en el mundo, ningún organismo que puede defender este proceso judicial. Recibe cuestionamientos en todos los ámbitos, en las academias y en las instituciones que forman a los hombres en el ejercicio de la jurisprudencia. Este es el ejemplo claro de lo que nunca debe suceder, de una actuación negligente, mediocre y repudiable.

Solo la celebran los dirigentes políticos que tienen irresponsabilidad institucional, los medios de comunicación que presionan, financian y promocionan a sectores ocultos del poder económico y político interesados en condenar a la Vice Presidenta.

Nosotros como comunicadores responsables no vamos a realizar ninguna defensa de ninguna figura política. Todos deben prestarse a un debido proceso, con sus garantías institucionales y someterse a la determinación de los tribunales correspondientes. Pero esos tribunales deben ejercer sus funciones con la constitución nacional en la mano, respetando su esencia y ejerciendo sus funciones con responsabilidad.

Nada de esto es lo que sucedió con este tribunal. Por ende, cuestionamos su tarea, repudiamos su manejo irresponsable y condenamos su procedimiento. No se puede aceptar que se manosee a la justicia de esta manera. Esto fue uno de los actos judiciales que más nos avergüenzan en lo que hemos recorrido en este nuevo milenio.