En una destacada muestra de unidad, la Asamblea General Extraordinaria de la Asociación General de Empleados Públicos de la Justicia (AGEPJ) votó por unanimidad un ambicioso plan de lucha que se desarrollará a lo largo de tres semanas. Las decisiones se enfocan en la necesidad urgente de un presupuesto para la reestructuración de la planta y la recomposición salarial, ante la alarmante pérdida de más del 40% en los ingresos de los trabajadores. La medida busca reestructurar la planta y mejorar las condiciones salariales de los trabajadores judiciales.
Los objetivos aprobados incluyen la equiparación salarial con la justicia federal; la actualización de bonificaciones, antigüedad, tÃtulo profesional, inhabilitación, permanencia en la categorÃa y capacitación. También se impulsa la eliminación del diferimiento para jubilados y jubiladas y la devolución de aportes a la Caja y a Apross.
El plan de lucha se desglosa en varias actividades programadas durante el mes de abril. Durante la semana del 7 al 11, se llevará a cabo una movilización de los cuerpos orgánicos de AGEPJ, en solidaridad con la convocatoria de todas las centrales sindicales, el 9 de abril. El 10 de abril, se ha decretado un paro de 24 horas sin marcación, respaldado por todas las centrales sindicales nacionales.
El 11 de abril, se realizará un abandono laboral desde las 10 horas en la capital, mientras que en el interior del paÃs se implementará un paro total y una movilización provincial hacia Casa de Gobierno.
En la segunda semana, del 14 al 16 de abril, se llevará a cabo otro paro de 24 horas sin marcación. Finalmente, del 21 al 25 de abril, se organizarán asambleas sorpresivas y de protesta en toda la provincia, culminando con la reanudación del circuito intermedio de la Asamblea Extraordinaria el 25 de abril.
Asimismo, se conformará una Mesa de Unidad compuesta por la Comisión Directiva, la oposición y los autoconvocados/as afiliados/as, con el compromiso de trabajar en conjunto por los derechos de los trabajadores.
AGEPJ repudió enérgicamente la persecución a los contratados y contratadas que adhieren al plan de lucha, reafirmando su compromiso con la defensa de los derechos laborales y la búsqueda de justicia en el ámbito laboral.
