Por Sandra Choroszczucha. Politóloga y Profesora de la Universidad de Buenos Aires
Los sesgos y oportunismos invaden la vida de los argentinos. Hoy el tema en cuestión son los fondos por la coparticipación federal. Pero el año pasado, el mes pasado, la semana pasada y en unos días el tema es cuestión será cualquier otro y continuaremos apelando a los sesgos y oportunismos, porque la idea de unidad, de cooperación, de integración, de una sola Argentina, solamente se vive cada cuatro años cuando nos enfrentamos a un campeonato mundial de fútbol.
Fue hermoso que Argentina gane el mundial 2022, y fue hermoso por fin ver a todos los ciudadanos unidos, bajo un solo lema “ser argentinos”. Sí me permito una pretensión, como politóloga y como ciudadana de a pie, la de que también millones de personas deseen unirse y colmar las calles para reclamar, que si un funcionario/a es condenado/a respete el fallo de los jueces y se continúe con su debido proceso en lugar de aceptar miserables amenazas, o que si existen más de 5 millones de personas que hoy no comen en Argentina también desborden las calles de ciudadanos reclamando por trabajo e inclusión, que si la educación y salud públicas no funcionan debidamente, que también las calles congreguen millones de personas reclamando por salud y educación de calidad, o que si un fallo de la Corte Suprema de Justicia examinó sobre la coparticipación sustraída a la ciudad porteña durante la pandemia, y resolvió que debe revertirse tal decreto del presidente Alberto Fernández, millones de personas también elijan manifestarse en las calles reprobando que el presidente, los ministros y los gobernadores provinciales que apoyan esta desobediencia a la Corte, exigiendo que se obedezca el fallo, porque lo que está en juego al margen de los puntos de coparticipación que se debaten para la ciudad porteña, es que el Poder Judicial de la Nación sea o no sea un poder real de la nación argentina, lo que está en juego es que Argentina sea o no sea una verdadera república.
Sobre la coparticipación federal (la distribución de recursos que se deduce de los impuestos que se recaudan a nivel nacional): desde 2003 a 2015 la ciudad porteña recibía por coparticipación 1.4% del presupuesto nacional. Bajo al argumento del traspaso de la policía a la ciudad porteña, en 2016 Mauricio Macri, como presidente de la nación, decretó que el porcentaje por coparticipación pase a ser 3,75%. En 2018, el macrismo en el poder redujo la coparticipación para la ciudad porteña, llevando el porcentaje a 3,5 % en el marco de un pacto fiscal frente a la necesidad de recaudar mayores recursos a nivel nacional tras la creciente crisis económica que debía enfrentarse por aquel entonces.
En el año 2020, ya bajo el gobierno del Frente de Todos presidido por Alberto Fernández, tras una manifestación y levantamiento de la policía bonaerense que se dispuso a rodear la quinta de Olivos en protesta por sus bajos salarios, Alberto Fernández decidió en apenas horas, sin previo diálogo y acuerdo con el jefe porteño, Rodríguez Larreta, comunicarnos directamente a través de los medios de comunicación que iba a firmar un decreto para reducir 1,18% en concepto de recursos a la ciudad porteña para traspasárselos a la Provincia de Buenos Aires gobernada por el oficialista Axel Kicillof, es decir, de un momento a otro, la ciudad porteña pasó de percibir 3,75 a 2,32% por coparticipación federal, con un presupuesto que ya estaba en marcha y debía reformularse en tiempo real, y en plena pandemia.
Tras el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia, del día lunes 19 de diciembre del año en curso, se definió que la ciudad porteña vuelva a incrementar su porcentaje por coparticipación, y comience a percibir 2,95%. Este fallo no es reconocido ni aceptado por gran parte del oficialismo, y así manifiestamente Alberto Fernández, 16 gobernadores oficialistas y ministros del gabinete decidieron no acatar el fallo de la Corte Suprema de la Nación Argentina, y el presidente decidió recusar a los miembros de la Corte en contra de la resolución cautelar dictada por ésta.
Podríamos discutir horas sobre la presión ejercida en 2020 en la quinta de Olivos rodeada por policías reclamando por mayores salarios, sobre si el porcentaje para la ciudad porteña era más alto de lo requerido al haberse traspasado la policía al distrito de la ciudad tras el decreto del entonces presidente Macri, y discutir horas sobre emergencias a resolver en época de pandemia y desbordes sociales que se presentaban de manera intermitente reclamando faltas de todo tipo, podríamos discutir horas sobre por qué provincias gobernadas por líderes oficialistas del Frente de Todos, como Formosa, La Rioja, Santiago del Estero, Catamarca, Chaco y Santa Cruz recaudan una mínima, casi nula, parte de impuestos provinciales (para no padecer costos políticos) y viven de la coparticipación (para beneficiarse de recursos que se deducen de los impuestos que pagamos todos los argentinos, no solo los porteños). Podríamos discutir horas sobre como Formosa gobernada por décadas por Gildo Insfrán es la tercera provincia más beneficiada con la coparticipación federal porque, concretamente, es una de las que más dinero recibe por cantidad de habitantes.
Y lo mismo ocurre con Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, Chaco y Santa Cruz, que recaudan un mínimo porcentaje de impuestos provinciales y viven casi exclusivamente de la coparticipación. Son provincias que cuentan con actividad minera, tierras para producir agricultura y ganadería, con un turismo pujante como es el caso de Santa Cruz, pero sus gobernadores con el aval de los presidentes “amigos” de turno, prefieren vivir de la coparticipación federal, mientras generan más empleo público y ofrecen más planes sociales. En Formosa de Insfrán, se llegaron a contabilizar según fuentes del ministerio de Economía del año 2017, 1,44 empleados públicos por cada empleado del sector privado, y parecido ocurre con Catamarca con 1,32 empleados públicos por cada empleado que trabaja en el sector privado, y parecido ocurre en La Rioja, el Chaco y Santa Cruz.
Podríamos discutir horas como el empleo público disimula un real desempleo en estas provincias y genera un sistema clientelar que permite que los gobernadores ganen elecciones por décadas. Podríamos discutir horas como según datos del Ministerio de Economía, desde el año 1988 hasta 2019 el empleo público aumentó casi un 90% en las provincias mencionadas mientras la actividad productiva, la educación y la salud públicas siguen resintiéndose. Provincias como Formosa, Catamarca, Santiago del Estero, La Rioja, Chaco y Santa Cruz, se financian casi exclusivamente con recursos provenientes por coparticipación federal, aumentan sus planes sociales, y siguen siendo provincias con altísimas tasas de pobreza. Siguiendo los últimos datos del INDEC, Formosa sufre un índice de pobreza del 42,4% y Santiago del Estero 43%.
Podríamos discutir horas, si al margen de esta grieta entre porteños y bonaerenses, entre recursos destinados para gobernadores oficialistas u opositores, no habría que rediscutir si el sistema de coparticipación federal no viene generando hace décadas incentivos (negativos) para que cantidad de gobernadores no tengan el mínimo sentido de la responsabilidad en el gasto, descansando en que pueden reposar financiándose con recursos provenientes de los contribuyentes de otras provincias (no solo de la ciudad porteña). Esto complica la distribución equitativa a nivel federal y estimula el clientelismo donde se recibe lo recaudado a nivel nacional y no se recauda prácticamente nada a nivel provincial.
Vivimos en Argentina donde el distrito más rico, el porteño, gestiona eficientemente la obra pública, pero gestiona pesimamente la salud y educación pública (en momentos de mayores o menores recursos por coparticipación). Vivimos en una Argentina donde un grupo de provincias funcionan como verdaderos feudos, como Formosa de Insfrán, como San Luis de Rodríguez Saá, como Santa Cruz de los Kirchner, y si se vive bajo una suerte de feudalismo no hay república, y si distritos gobernados por diferentes colores políticos se sacan y se ponen puntos de coparticipación de manera discrecional, sin que medie el Congreso de la Nación, no hay república, y si no se respeta un fallo de la Corte Suprema de la Nación que representa la máxima instancia del Poder Judicial no hay república.
