Una serie de demandas legales por expropiaciones de terrenos impagas la inhabilitaron para el uso público y la explotación turística. Los costosos equipos que posee están paralizados y se están dañando.
Sumergida en conflictos políticos, judiciales y ambientales, la represa de Achiras, construida hace tan solo doce años, se encuentra en un evidente estado de abandono que pone en riesgo su utilidad.
Una serie de demandas judiciales, que tiene parados en una orilla al Gobierno provincial y en la opuesta a los propietarios de los campos afectados por la construcción de este embalse de agua, derivó en su inhabilitación para el uso público y la explotación turística. Todo, según se denuncia, como resultado de una “ineficiente gestión en la expropiación de las tierras”.
Además de cumplir con la misión fundamental de contener inundaciones, esta obra hidráulica fue concebida también para convertirse en un lugar imperdible para disfrutar las bellezas de la flora y fauna que la rodean, para transformarse en un gran centro turístico regional, apto para los deportes náuticos, y por si fuera poco, conformar un reservorio de agua de alta calidad que abasteciera a la localidad de Achiras cuando fuera necesario.
Pero, mientras pasa el tiempo y no se avizora el fin del conflicto -al menos en el corto plazo-, los vecinos de la localidad Achiras, bautizada “la linda del sur cordobés”, ven ahogarse en las aguas de este lago de 50 hectáreas los sueños de una obra que prometía cambiar para siempre la historia del pueblo.
Lejos de hacerlo, la inversión peligra en toda su dimensión. Costosísimos equipos se encuentran en desuso y podrían deteriorarse seriamente, con lo cual la represa ni siquiera podrá cumplir la misión principal que motivó su construcción en 2007: la contención de los excesos hídricos de los arroyos Los Coquitos y Achiras para prevenir inundaciones aguas abajo.
Este diagnóstico se desprende de un trabajo de investigación titulado “Transformaciones territoriales y conflictos emergentes. El caso de la represa de Achiras, Córdoba”, que llevaron adelante los docentes Solange Páez (38) y César Brandi (43), del Departamento de Geografía de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Río Cuarto.
Una gran reserva ecológica
Cuando el gobierno nacional puso en marcha en el año 2005 un Plan Federal de Control de Inundaciones para atender los problemas hídricos de la región pampeana central (La Pampa, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires) pautó la construcción de once represas en esta provincia: Tigre Muerto, Chañar, Achiras, Las Lajas, Delegue, Las Cortaderas, La Tapa, La Barranquita, Cipión I, Cipión II y Piedras Blancas. De estas obras proyectadas, sólo las primeras cuatro se concretaron.
La presa de Achiras, situada en el Departamento Río Cuarto, al sudoeste de la provincia de Córdoba, es una obra hidráulica que ocupa una extensión de 50 hectáreas, destinada a embalsar las aguas del arroyo homónimo, que nace en el faldeo oriental de las sierras de Comechingones. Su finalidad era regular crecidas, proveer de agua potable a la población local y realizar un aprovechamiento turístico.
El agua de esta presa es considerada un reservorio que puede ser utilizado para abastecer al pueblo en caso de necesidad. Todo el predio que la circunda es una gran reserva de fauna y flora autóctona; de allí la importancia de su preservación y cuidado.
Sin embargo, aunque las obras se terminaron hace pocos años (en 2007), la presa está sumida en un “profundo estado de abandono”, según dan cuenta los investigadores Páez y Brandi. “No puede usarse con fines turísticos ni deportivos, puesto que el Gobierno nacional no transfirió las respectivas instalaciones al Estado provincial”, comentaron.
Estos docentes, que integran el Grupo de Investigaciones Socioterritoriales y Ambientales del Departamento de Geografía, pudieron conocer en ese sentido que el Ministerio de Infraestructura Federal de la Nación, que financió la construcción de las represas de Achiras, Las Lajas y Tigre Muerto, no habría concretado el acta formal de transferencia de las obras hacia la Subsecretaría de Recursos Hídricos de Córdoba, organismo que tiene jurisdicción sobre todos los embalses enclavados en el territorio provincial.
Sin control ni vigilancia
Los habitantes de Achiras no pueden hacer uso de los recursos naturales que ofrece la presa, ni ejercer mecanismos de control y vigilancia que aseguren su sustentabilidad, a raíz de los conflictos que se suscitaron en los últimos años, sostiene la investigación.
Páez y Brandi consideraron que “la función del Estado, nacional o provincial, debería ser identificar estos puntos de conflicto en el uso de los recursos implicados y generar un espacio de diálogo, concertación y negociación entre los actores sociales con el fin de resolver dichas tensiones. Pero esto resulta sumamente difícil, en la medida en que es el Estado el que está generando el conflicto, a través de la falta de coherencia interinstitucional y la poca coordinación entre entes gubernamentales nacionales y provinciales competentes, que dificulta el avance de propuestas de reglamentación sobre las tierras y, en consecuencia, la elaboración y ejecución de planes de manejo ambiental sobre la presa”.
“La presa de Achiras se constituyó en objeto de necesidades, problemas y expectativas satisfechas parcialmente para quienes viven el territorio y como símbolo de intereses particulares por actores foráneos al mismo, mientras que como territorio posible, deseable, durable, sostenible y sustentable es, por el momento, una utopía”, concluyeron los investigadores.
Fuente: Dirección de Prensa y Difusión UNRC